Aznar busca un chivo expiatorio

Abordar la inmigración como si este fenómeno no acarreara problemas y dificultades es una ingenuidad y es un análisis tan cargado de buena voluntad como irreal. Pero aún peor es empeñarse en presentar la inmigración sólo como delincuencia, inseguridad, choque cultural o religioso. Entre todos podemos estar generando 'unas evidencias' cargadas de expectativas negativas y no de realidades. Veamos algunas cifras que pueden ser clarificadoras sobre Andalucía. A fecha de noviembre de 2001 había en nuestra comunidad 157.157 extranjeros, de los cuales 80.713 era inmigrantes procedentes de países extracomunitarios. Esto supone que los extranjeros representan el 2,14% de la población andaluza, mientras que los no comunitarios son el 1,1% del total. Andalucía es la tercera comunidad en cuanto a volumen de población extranjera, por detrás de Cataluña y Madrid. A pesar de estas cifras, modestas en comparación con otros países y regiones europeas, para los catalanes la inmigración es el primer problema de esa comunidad y ha pasado de ser una preocupación para el 35,9% de la población al 48,6% en el último barómetro de la Generalitat catalana. En Andalucía todas las encuestas ponen de manifiesto que son muchos los inmigrantes, cuando la realidad es que los extranjeros no comunitarios sólo suponen el 1,1% de la población andaluza.

Las declaraciones del presidente del Gobierno hace pocos días, donde alertaba de que el 89% de los ingresos en prisión del primer trimestre del año corresponden a extranjeros, ha suscitado algunas reacciones y debates puntuales. La primera reacción ha de ser de preocupación, pero también es preciso dejar sentado que el señor Aznar ha hablado de extranjeros, y no sólo de inmigrantes, por razones económicas. La mayor parte de los delitos de los extranjeros no comunitarios corresponde a delitos tan banales como la venta de objetos falsificados carentes de permisos o licencias, actividades ajenas a la Hacienda Pública, hurtos y delitos diversos contra la propiedad. Es obvia la necesidad de perseguir cualquier tipo de delito, pero debería inquietarle aún más al presidente del Gobierno los delitos cometidos por bandas criminales organizadas que se asientan en zonas del litoral español, de la que la Costa del Sol es un ejemplo digno de atención y seguimiento.

Las afirmaciones reiteradas del señor Rajoy, de otros dirigentes del PP o del propio Aznar consiguen un objetivo inmediato: encontrar un chivo expiatorio que justifique el aumento de la delincuencia en nuestro país. El acoso de la oposición política y de colectivos sociales es respondido con el rostro y la fea imagen de una inmigración delictiva y peligrosa. La maldad de esta respuesta, habitual en el PP, de culpar siempre a otros, en este caso adquiere más dramatismo. Se les olvida recordar que en provincias como Sevilla, con un población extranjera que rebasa ligeramente el 1%, se han incrementado de manera notable los delitos; mientras que en Almería, provincia donde los extranjeros representan el 7% de su población, durante el año 2001 los delitos han descendido notablemente gracias a la mayor presencia policial.

Los estrategas del PP, que han convertido la defensa de España en la línea transversal de su proyecto, han logrado hacer de la lucha contra ETA y el nacionalismo vasco (PNV) una cruzada donde todos tenemos que participar con entusiasmo, sin permitir en modo alguno matices y discrepancias que pueda diferenciar al lehendakari Ibarretxe de los asesinos de ETA. La soterrada acusación de que quienes no compartan el proyecto del PP para el País Vasco se sitúan del lado de los etarras se erige en la tesis más inquietante de los últimos años para la democracia española. Quienes afirmaban, cuando ETA asesinó a Francisco Tomás y Valiente, que las manifestaciones de repudio no eran sólo contra la banda terrorista sino que se dirigían contra Felipe González, son los mismos que ahora pretenden hacernos rehenes de su estrategia electoral e ideológica.

De seguir la estrategia del PP de identificar delincuencia e inmigración podríamos encontrarnos en otro diseño estratégico para convertir la defensa de España frente a los inmigrantes y los extranjeros en otro gran tema de obligado cumplimientos por todos. Otro gran elemento transversal del PP puede ser la dureza frente a la inmigración, precisamente cuando este partido ha roto el acuerdo en esta materia por razones electorales y ha pasado a promover una ley pretendidamente severa, pero absurda en su aplicación porque no resuelve el problema de miles de inmigrantes en situación ilegal. Nos obligan a todos a compartir que la inmigración es un peligro para España, cuando ha sido el Gobierno del señor Aznar el que ha renunciado en la práctica a políticas activas para la integración de la inmigración. No hemos oído de los mandatarios del Gobierno de la inmigración las positivas aportaciones de la inmigración, como su contribución al crecimiento demográfico de España, en cotizaciones a las arcas de la Seguridad Social o de la Hacienda Pública y su decisivo protagonismo en la pujanza de poblaciones como Almería o Huelva.

Muy probablemente nos encontremos ante uno de los elementos cruciales, como es el debate político e ideológico más serio y profundo de los próximos años en España y Europa, la integración de los inmigrantes. Ya el grupo FORZA Italia y su líder, Silvio Berlusconi, lo han elegido como objetivo central de su estrategia política. En Francia las elecciones se han centrado en gran medida sobre la inmigración.

Es responsabilidad de todos los demócratas afrontar la situación de la inmigración con altura de miras, con capacidad de anticipación, con propuestas que ayuden a la integración necesaria. La Junta de Andalucía ha dado pasos en esa dirección: su Plan Integral para la Inmigración es un modelo que está siendo imitado por otros.

Alfonso Perales Pizarro es consejero de Gobernación.