El Gobierno impuso en 2001 3.500 multas por delitos ambientales

El Gobierno regional impuso durante el año pasado 3.430 multas por delitos medioambientales, un 35% más que las 2.535 del ejercicio anterior, según datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente. Las sanciones supusieron una recaudación de 2,8 millones de euros, un 42% superior a lo cobrado por el mismo concepto en 2000. Se impusieron más multas, se recaudó más dinero, pero se tramitaron menos expedientes que en 2000, lo que, según Medio Ambiente, significa 'una mayor efectividad en la disuasión, que es lo que se persigue'. La mayoría de las sanciones obedece a vertidos ilegales de tierras o escombros, ruidos de motos no permitidos u hogueras no autorizadas.

En 2001 se tramitaron 4.769 expedientes, de los que 3.674 fueron sancionadores, si bien sólo 3.430 acabaron en multa. El resto -1.095 expedientes- o bien no respondían a infracciones tipicadas por la ley o bien el Servicio de Disciplina Medioambiental los remitió a otros organismos competentes. Tal es el caso, por ejemplo, de los expedientes relativos a la contaminación de arroyos, cuya competencia sancionadora está en manos de la Confederación Hidrográfica del Tajo; o de expedientes relativos a molestias por ruidos, remitidos a los respectivos ayuntamientos; o de expedientes referidos a animales domésticos, enviados a la Dirección General de Agricultura.

Los datos correspondientes a 2001 reflejan una ligera disminución, en torno al 5%, en el número de expedientes abiertos respecto al año 2000, mientras que se ha incrementado en un 15% el número de informes que resultaron sancionadores.

Dentro de los expedientes sancionadores -resueltos o en vías de resolver-, la infracción más habitual en el medio urbano es la incorrecta gestión de los residuos (alrededor de 714 informes). En el medio natural, la mayoría de las denuncias se produce por circular por el monte con vehículos de motor -unos 535 expedientes- y por acampadas o fuegos no permitidos y construcciones en monte sin autorización.

Parque del Manzanares

Una de las sanciones más altas impuestas durante 2001 ascendió a 90.151,81 euros (15 millones de pesetas). El sancionado es un hombre que realizó un vertido y depósito de tierras sin autorización en el término municipal de Las Rozas, dentro de los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Este particular ha presentado recurso contencioso-administrativo.

Entre los reincidentes, destacan varios casos de vertidos de tierras y escombros. Una de las empresas reincidentes, según informa Medio Ambiente, es Sycor, dedicada al transporte y recogida de escombros y que fue sancionada durante 2001 en cuatro ocasiones por otros tantos vertidos. Similar es el expediente abierto a Construcciones Bocos, que también resultó sancionada cuatro veces por otros tantos vertidos y que tiene asimismo dos expedientes en proceso de tramitación.

El término municipal donde más infracciones se han producido contra el medio urbano -contaminación atmosférica, vertidos o ruidos- es Madrid, mientras que en el caso de infracciones contra el medio natural destacan las localidades de San Martín de Valdeiglesias y Rascafría.

El perfil del infractor varía en función del tipo de falta cometida. En el medio natural suelen ser particulares (jóvenes, si se trata de circulación en moto por el monte o acampadas ilegales, y familias cuando se trata de construcciones en monte público o en espacios protegidos). En el medio urbano, sin embargo, las empresas son las que acumulan mayor número de infracciones y multas.

Uno de los expedientes más singulares abiertos por la Consejería de Medio Ambiente es el referente al vertido de lodos ocurrido en Torres de la Alameda a principios de febrero de 2001. La empresa CMB Residuos apiló lodos de depuradora en un monte de la empresa TCA Alamillo, pero la lluvia los reblandeció e hizo que éstos se deslizaran, monte abajo, hasta llegar al pueblo. En este caso fue necesaria la intervención de los bomberos para la construcción de diques de contención. Además, se impusieron medidas cautelares para obligar a ambas empresas a limpiar los lodos. El expediente fue resuelto en 2002 y la sanción impuesta asciende a 60.101 euros, además de una indemnización de 8.177 euros.