Vuelve la 'guerra' de los conciertos

El Gobierno de Aragón, que dirigen los socialistas en coalición con el Partido Aragonés (PAR), anunció la semana pasada una medida con la que están encantados los titulares y patronos de los colegios privados: la Consejería de Educación financiará el segundo ciclo de educación infantil (3, 4 y 5 años) en la gran mayoría de los colegios privados. Un proyecto que aplaude el Ministerio de Educación porque coincide con sus intenciones políticas de convertir esta etapa en gratuita en todos los centros concertados con la Ley de Calidad y que le han granjeado duras críticas, entre otros, de la oposición socialista.

La presidenta de la patronal privada CECE (5.000 centros), Isabel Bazo, tiene claro que estas decisiones responden al color político del partido que gobierna cada comunidad; por eso, en el caso de Aragón, cree que 'ha sido determinante la coalición de Gobierno con el Partido Aragonés, porque donde hay pactos, se atienden los intereses de todos los sectores'.

Observando el mapa que ilustra esta página, no parece desencaminada la idea de que los conciertos educativos y el color político están relacionados. Pero los convenios para ofrecer a los padres la gratuidad en la etapa infantil responden a los distintos modelos que cada comunidad ha querido implantar.

No hay mucho que legislar, pues, desde el Gobierno central, pero los titulares y la patronal de los colegios privados persiguen 'una ley orgánica que sirva a todos por igual'. 'De esa forma será más fácil presionar a las comunidades que no están por generalizar estos convenios. Y piensan que la oportunidad es única ahora que el PP tiene mayoría absoluta', opina el secretario general de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano.

La educación infantil no es una etapa obligatoria, pero la presión de las familias sobre los gobiernos regionales y sus propias políticas educativas y sociales han conseguido que todas las comunidades tengan escolarizados al 100% a los niños de 4 y 5 años. Y casi todas han completado la matrícula de los 3 años. En la actualidad hay 2.633 centros donde se imparte esta educación, 1.286 públicos y 1.347 entre privados y concertados. En los primeros estudian 786.700 niños; en los segundos, 402.000.

Formalmente, en esta etapa debe hablarse de convenios, puntuales y limitados, pero en la práctica, muchas comunidades han establecido conciertos educativos como en los cursos obligatorios. Los conciertos obligan a quien los recibe a respetar en sus centros los mismos requisitos que en la red pública. Y es la Administración la que se encarga de pagar a los profesores de la red privada en estos casos, lo que se llama pago delegado.

Extremadura, por ejemplo, ha optado por la subvención. Esto no agrada a los titulares de centros privados porque el centro recibe la aportación económica y se administra a placer, pero si ese dinero se congela año tras año, los salarios de los profesores, que tienen que seguir siendo los mismos, acabarían por diezmar la subvención recibida. 'Eso no es un horizonte de ficción en Extremadura, por ejemplo', dice Emilio Díaz, asesor jurídico de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), la titular de la mayoría de los centros concertados.

'Financiar esta etapa garantiza a los padres la libertad de elección de enseñanza y a los centros nos permitirá tener a esos alumnos hasta que finalicen los estudios obligatorios', explica Isabel Bazo, de CECE.

'La izquierda, en general, se resiste a generalizar estos convenios, porque eso supone desplazar el presupuesto educativo cuando hay muchas necesidades en otros niveles. Si se desplaza el alumnado a la red privada, se desmantelará la pública', lamenta Fernando Lezcano, secretario general de Enseñanza en CC OO. 'Y no es cierto que la inmigración vaya a entrar en la red concertada gracias a los convenios, porque en otras etapas se ha demostrado que no es así', añade.

Cree que la ley del Gobierno 'busca satisfacer exclusivamente a los sectores que le apoyan. Si se buscara el consenso social, los conflictos entre ambas redes educativas se podrían resolver', critica. 'Si esto sale adelante, la red pública acabará en unos años siendo subsidiaria de la privada y marginal'. Y hay muchos puestos de trabajo que se pueden perder', vaticina. Lezcano explica que hay otras fórmulas para escolarizar a estos niños, 'como establecer convenios con entidades sin ánimo de lucro o crear una buena red pública de escuelas infantiles'.