El Supremo revoca la expulsión de la juez Ramírez porque varios vocales del Consejo discreparon

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha revocado la expulsión de la carrera judicial de la juez decana de Marbella Pilar Ramírez Balboteo, a la que vuelve a reintegrar a la judicatura reduciendo la sanción a tres años de suspensión de funciones, que cumplirá el 9 de febrero de 2003. La sentencia se muestra plenamente de acuerdo con los argumentos del anterior Consejo General del Poder Judicial (CPGPJ) para expulsar a la magistrada, pero finalmente la reintegra a la judicatura con el argumento de que algunos vocales de la entonces minoría conservadora discreparon de la suspensión.

La Sala de lo Contencioso del Supremo reconoce sin paliativos todos los hechos que declaró probados el expediente del anterior CGPJ: que Pilar Ramírez, hija del ex oficial de justicia Juan Ramírez, y con un hermano que ejerce la abogacía en Marbella, Juan Carlos Ramírez Balboteo, benefició claramente al Ayuntamiento de Marbella presidido por Jesús Gil, 'y ese beneficio reforzó el vínculo entre el Ayuntamiento y el entramado empresarial inmobiliario del que formaban parte el padre y el hermano de la magistrada'.

Ventajas concretas

De esa manera, colocó a ese complejo inmobiliario en una situación en la que la posibilidad de obtener un trato favorable y ventajoso en sus relaciones con el Ayuntamiento, que le resultaban necesarias para su negocio, 'constituía una expectativa que hay que estimar como muy probable'. Expectativas que se referían a 'ventajas concretas y de importante dimensión económica, que repercutían también en la propia magistrada, a través de su padre'.

El padre y hermano de Pilar Ramírez fueron 'socios fundadores, accionistas administradores y apoderados' de un entramado 'empresarial de gran dimensión, por el elevado número de sociedades'. Además, el Ayuntamiento presidido por Gil se benefició en un proceso concreto al privar Pilar Ramírez de la administración a los órganos rectores de la sociedad Puerto Banús, deudora del Ayuntamiento, y sustituirlos por una administración judicial, designando interventor a una persona que fue concejal del grupo de Gil, a pesar de estar acusado de delitos de prevaricación y daños.

'Es evidente la voluntad de la magistrada en otorgar esa ventaja al Ayuntamiento', prosigue la sentencia, que añade que la juez decana de Marbella 'se benefició de los rendimientos económicos de ese tráfico inmobiliario en la vivienda de su residencia'. La sentencia incluso expone que la magistrada Ramírez ofreció una imagen externa de 'juez que puede tener comprometida su imparcialidad'.

No obstante, la sentencia señala que el comportamiento de la magistrada 'no revistió la trascendencia suma que resulta exigible para que esté justificada la imposición de la máxima sanción'. El reintegro de Ramírez a la judicatura reduce a tres el número de magistrados expulsados en los últimos 25 años.