El PSOE denuncia acoso laboral en Torremolinos y afirma que al Ayuntamiento le cuesta 600.000 euros

Cuando en 1996, pocos meses después de llegar a la alcaldía de Torremolinos, Pedro Fernández Montes (PP), abrió el primer expediente a un cabo de la policía local por reclamar más medios, ningún trabajador del ayuntamiento sabía qué era el mobbing. Han pasado seis años y 36 expedientes. Ahora son muchos los empleados cuya situación encaja, según los sindicatos, en la definición de acoso laboral. Casi todos, de UGT y CCOO. La lista es larga. Caso uno. Un sargento de bomberos expulsado por encabezar un célebre striptease para exigir mejoras en los equipos. Tras aquella protesta, el alcalde abrió 31 expedientes, 30 se rebajaron a meros apercibimientos, pero el sargento quedó en la calle. Un juzgado ha resuelto su reincorporación cautelar.

Caso dos. Un policía local fue expedientado después de que un detenido le acusara de haberle pegado una paliza. Tiempo después un juez condenó a tres compañeros del agente por haber inducido al arrestado a presentar una denuncia falsa contra él, demanda que había sido el detonante de su expediente. La Audiencia provincial ha revocado la sentencia del juzgado por falta de pruebas. El pleito está en el Constitucional.

Caso tres. Otro sargento de bomberos expulsado por acudir a un accidente en territorio que ya no era de Torremolinos sino de Benalmádena y en el que hubo dos muertos. El ayuntamiento argumenta que dejó desasistido el municipio. El proceso judicial acaba de iniciarse.

Caso cuatro. Otro bombero suspendido dos años de empleo y sueldo por llevar una pegatina contra el alcalde y acudir a una carrera de bicicletas un día después de haberse ausentado del trabajo por gastroenteritis. La sentencia por la que un juzgado acaba de anular la sanción reconoce que en Torremolinos existe un 'ambiente prolongadamente hostil entre los funcionarios y el ayuntamiento'.

Caso cinco. El secretario del consistorio no fue expedientado, pero se forzó su marcha después de que hiciera un informe desfavorable a las pretensiones del equipo de gobierno, documento que desapareció. Hubo una sonada bronca entre el trabajador y el alcalde. Al día siguiente, el empleado se dio de baja y tiempo después obtuvo una invalidez absoluta por depresión. El secretario presentó una querella criminal contra el alcalde por ocultación de documento y prevaricación que fue archivada provisionalmente.

Hay muchos más casos, pero un trabajador pide que no se llame a engaño: 'Se camufla como conflicto laboral, pero es acoso'. Una decena de empleados piensa presentar otras tantas demandas por esta causa. Según UGT, los expedientes, los sueldos, la formación, los horarios y hasta los destinos son utilizados para hostigar 'a aquellas personas que no entran por una serie de parámetros'. Frente al castigo hacia unos, están los premios para otros. Un policía raso ganó en el último semestre de 2001 en horas extras 12.402 euros.

Además, las relaciones laborales no existen. UGT y CCOO tienen mayoría, pero el alcalde no negocia con estas centrales. Hace diez años que se rompió la mesa convenio, de modo que se sigue aplicando el de 1992. El ayuntamiento tiene en su contra ocho sentencias por vulnerar la libertad sindical.

Algunos empleados describen el clima de trabajo como de 'verdadero terror' y destacan que de 45 bomberos que llegó a tener el municipio, 34 han sido expedientados. Ahora hay 39 y el 40% está de baja. La situación fue denunciada en unas jornadas sobre acoso laboral que recientemente organizó el PP en Madrid. Como anécdota, algunos dirigentes recordaron la expulsión del parque de bomberos de una inspectora de Trabajo que acudió a comprobar el estado de los equipos. La lista les parece ya demasiado larga.