El PSE acusa al Consorcio de Aguas de desviar más de 120 millones del plan de saneamiento

El PSE tiene 'sospechas basadas en datos' de que el Consorcio de Aguas vizcaíno ha desviado fondos por un importe de entre 120 y 270 millones de euros. Los socialistas creen que no se han destinado al Plan Integral de Saneamiento todas las cantidades consignadas, entre las que se encuentra la tasa especial que pagan desde 1981 los vecinos del área metropolitana de Bilbao. El consorcio replicó, en un comunicado, que esta acusación 'es rotundamente falsa' y que las cantidades recaudadas con ese canon han sido invertidas 'exclusivamente' para el fin destinado.

La gestión del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, la entidad pública que gestiona el saneamiento y abastecimiento de agua de 53 municipios (el 90% de la población de Vizcaya), ha quedado seriamente cuestionada en apenas una semana. Primero fue el PP quien presentó un escrito ante la Fiscalía del País Vasco con acusaciones de 'enchufismo' en Udal Sareak, empresa dependiente del consorcio creada en 1999. Según los populares, tres de los ocho trabajadores fijos de la filial tienen relación directa con el PNV: uno es concejal en Mungia, otro fue edil en Sestao hasta 1999 y el director es hijo de el anterior concejal de Hacienda en Bilbao.

Ayer, el PSE de Bilbao aseguró disponer de datos sobre un 'agujero patrimonial' en el Consorcio cifrado entre 120 y 270 millones de euros, afirmó su portavoz, Dimas Sañudo. Los socialistas señalan que se ha producido un desvío de fondos que debían aplicarse al Plan Integral de Saneamiento del Gran Bilbao -el proyecto iniciado en 1981 para evitar el vertido incontrolado a la ría del Nervión de las aguas residuales de un millón de habitantes- a otros destinos que no se han expecificado. El plan de saneamiento supone la mayor inversión pública en Euskadi, con un coste de 600 millones de euros.

Para hacer frente a esta elevada inversión, el Gobierno central aprobó en diciembre de 1980 un decreto que permite aplicar un recargo sobre el recibo del agua de los vecinos del área metropolitana, pero destinado exclusivamente a financiar las obras de saneamiento. En 1981, 1983, 1985 y 1987 se aumentó sucesivamente la tarifa en un 25% y, desde 1987, los vecinos pagan el doble de la cantidad que correspondería en cada caso. Con ello, el consorcio logra un ingreso extraordinario superior a los 24 millones de euros anuales.

Los socialistas aseguran tener 'sospechas basadas en datos' de que esos ingresos extras no se han destinado sólo al Plan Integral de Saneamiento 'y se han podido dedicar a pura gestión, el mantenimiento de las estructuras del consorcio o las aventuras de fuera', en relación a la ampliación de las actividades en que se embarcó la entidad en Uruguay y Argentina.

El informe de 1992

Sañudo recordó que el primer y único informe que ha finalizado el Tribunal de Cuentas sobre la entidad pública -que entonces se denominaba Consorcio de Aguas del Gran Bilbao-, referido al ejercicio de 1992, concluía que 'se han producido importantes desviaciones con respecto al plan inicialmente previsto'. El tribunal añadía que el recargo en la tasa del agua 'ha sido utilizado sólo parcialmente para la financiación de las inversiones requeridas' en el Plan Integral de Saneamiento, 'cuando la disposición que autorizaba los recargos especificaba que los mismos se destinarían exclusivamente a la realización del plan'.

El PSE sostiene que estas 'graves irregularidades, lejos de resolverse a día de hoy, se han ido profundizando'. A su juicio, el consorcio se encuentra ahora en la 'situación más crítica'. Sañudo acusó al PNV, que controla totalmente la entidad, de 'seguir mangoneando' y anunció que pedirá al Tribunal Vasco de Cuentas una auditoría de todos los ejercicios referida a las inversiones en el plan de saneamiento, así como otra fiscalización sobre 'la legalidad y capacidad jurídica' de actuar fuera de su ámbito territorial. Los socialistas pedirán, si se confirman 'irregularidades serias' en la gestión de recursos públicos, la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento vasco.

El PSE exigió la dimisión del presidente del consorcio, Iña- ki Etxebarria, y 'el cese de toda actividad' de las empresas Udal Sareak y Aguas de Bilbao por su 'opaca' gestión y 'ser oficinas de colocación del PNV'. En sintonía con el resto de la oposición, aboga por una revisión profunda del funcionamiento de la entidad y una modificación de los estatutos con una nueva representación en la asamblea, que en un 90% está copada por los peneuvistas 'cuando su representatividad real en Vizcaya es del 30%'.