Editorial:Editorial
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Ley de Partidos

Una reforma de la Ley de Partidos con el único apoyo del PP es un paso atrás respecto a la situación actual. La actitud del Gobierno, empujando al PSOE a quedar fuera del consenso, trabaja en esa dirección. Y si el PSOE queda fuera, ello será una invitación a que tampoco la aprueben los nacionalistas catalanes. Si tal fuera el resultado, la iniciativa no habría servido para legitimar política y jurídicamente la eventual ilegalización de Batasuna, y en cambio se habría abierto una brecha entre los firmantes del Pacto Antiterrorista.

En su dictamen sobre el texto del Gobierno, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) se dividió siguiendo la linea de puntos marcada por los partidos, y con tanta precisión, que el vocal elegido por acuerdo entre el PP y el PSOE se abstuvo y el elegido a propuesta de CiU votó en blanco. Sin embargo, es posible que no se trate sólo de la influencia de los partidos sobre los jueces y juristas del Consejo, sino también de la asunción por los partidos de las divergencias existentes entre asociaciones judiciales. Lo lógico hubiera sido que el Consejo allanara el camino hacia el consenso despejando las dudas procedimentales: fórmulas que salvaran las objeciones planteadas sobre los aspectos instrumentales, como el de quién está capacitado para instar la ilegalización de un partido o qué tribunal debe decidir sobre la misma. Es lo que hicieron, con acierto, en relación a otros aspectos más sustantivos de la ley, como la eliminación de ciertas expresiones ambiguas (o demasiado intencionadas) en la delimitación de los motivos concretos de ilegalización. Si había dudas, debieron haber consensuado una posición común sobre esos aspectos de procedimiento, que no afectan a la constitucionalidad del texto.

Más complicado es el problema suscitado por la retroactividad de la ley. La Constitución garantiza 'la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras (...) o restrictivas de derechos individuales'. Es un principio que no afecta sólo a la cuestión del cambio de nombre, sino a si cabe instar la ilegalización de una formación sobre la base de su trayectoria anterior a la promulgación de la ley que se aplica. Los juristas no son unánimes y convendría extremar las cautelas para evitar el riesgo de una declaración de inconstitucionalidad; parece más prudente considerar que la trayectoria anterior será un elemento a apreciar por los jueces, pero que la iniciativa de instar la ilegalización deberá basarse en actuaciones posteriores a la promulgación de la norma. Ningún juez podría dejar de considerar el dato de que más de 400 detenidos por su vinculación a ETA lo hubieran estado también a HB.

Sería deseable que el Consejo de Estado se tomase el asunto con más calma que el del Poder Judicial. Las prisas del Gobierno, trasladadas al CGPJ, han resultado negativas, y un elemento contrario al consenso. Las objeciones de los juristas próximos al PSOE, asumidas por ese partido, no cuestionan el acuerdo de principio sobre los objetivos que persigue la ley y el modelo elegido para plasmarla. No es poco coincidir, pero el Gobierno no lo valora convenientemente. Al exhortar a los socialistas a abandonar sus 'vacilaciones y contradicciones' y dejar de 'poner pegas a lo ya acordado', el ministro Acebes parece dar por supuesto que no puede haber otro modelo que el suyo, y que aceptar el modelo supone asumir la literalidad del articulado del borrador. El tono de Aznar, el domingo, diciendo que el problema es que los socialistas 'se arrugan', revela una mentalidad sectaria que no vacila en poner en peligro el acuerdo de fondo existente.

Ese acuerdo es político. Consiste en dar por cerrado el periodo en el que se confiaba en la posibilidad de que HB entrara en razón y se integrara en la normalidad democrática, o al menos que tomase distancias respecto a ETA. Fue esa confianza, compartida por muchos jueces, lo que determinó, tanto o más que las consideracionmes jurídicas, el rechazo por los tribunales de la denegación administrativa de la inscripción de HB en el Registro de Asociaciones Políticas. Ello se produjo en 1986, tras varios años de juicios y recursos, en los que el fiscal general ya intentó oponerse a la legalización de HB invocando que sus objetivos o su actividad eran contrarios a las normas básicas de la Constitución.

Lo que comparten ahora el PP y el PSOE es que, agotada la esperanza de integración de Batasuna, ha llegado el momento de explorar otras vías de impedirle la utilización fraudulenta de la legalidad para actividades ilícitas. Pero ese objetivo requiere un consenso amplio, como corresponde a la ley reguladora de los partidos. El PP parece empeñado en proporcionar pretextos para su ruptura a fin de quedarse a solas con la bandera de la firmeza. Es sectario y peligroso. Aunque pueda resultarle electoralmente rentable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 16 de abril de 2002.

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