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PP y PSOE: una relación desigual

El Consejo General del Poder Judicial, que mañana vota en pleno su dictamen -no vinculante- sobre el proyecto de reforma de la Ley de Partidos, ha reproducido en su seno la división existente entre las dos principales formaciones políticas respecto a ese texto. Es un síntoma pésimo de la evolución que está teniendo todo lo relativo a dicho proyecto. En lugar de ser un factor de cohesión entre todos los demócratas, y de reforzamiento del Pacto Antiterrorista entre el partido del Gobierno y el primero de la oposición, se está convirtiendo en un elemento de ruptura. No es lógico lo que está pasando.

Hay un problema previo a cualquier otra consideración. Tratándose de un texto que afecta a las reglas de juego, es fundamental que la ley cuente con una amplia legitimación política y social. La ley de 1978 que ahora se quiere reformar fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es poco realista pensar que esa unanimidad pueda repetirse, aunque sólo sea porque, cualquiera que fuera su contenido, es seguro que el nacionalismo vasco actual se negaría a avalar una ley que implicase la posibilidad de ilegalizar a Batasuna.

Pero no es indiferente cuáles sean las razones (o pretextos) que pueda invocar el nacionalismo vasco para oponerse. Sobre todo, convendría evitar que pueda recurrir a la demagogia de afirmar que se trata de ilegalizar ideologías legítimas y no sólo comportamientos coactivos. En el texto hay algunas expresiones poco afortunadas o demasiado coyunturales (como la mención a partidos que buscan 'obtener beneficios políticos' de la actuación terrorista) que conviene subsanar. Por otra parte, sería un desastre que la ley saliera adelante con el respaldo exclusivo del PP, por más que tenga mayoría absoluta: el consenso debería comprender como mínimo a los dos grandes partidos nacionales y al menos al nacionalismo catalán.

La discusión debería orientarse, por tanto, a suprimir aquello que desborda el alcance propio de una ley de partidos y a favorecer el mayor consenso posible. La actitud del PP parece ser la contraria; como si su máxima aspiración fuera quedarse solo en la defensa del proyecto. Es absurda la pretensión de que el apoyo de principio dado por el PSOE (en el marco de la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista) al texto que acababa de conocer equivale a haber avalado la literalidad de su articulado. Es una exageración considerar que el proyecto queda desnaturalizado si se cuestiona cualquiera de sus planteamientos, y pueril identificar ese cuestionamiento con ruptura del compromiso. Los socialistas (al igual que CiU y el PNV) ya advirtieron que pedirían informes a expertos de su confianza. Lo lógico sería discutir sus objeciones.

La principal es que no resulta lógico que un partido con 50 parlamentarios pueda promover la ilegalización de otro. A ello podría argüirse que lo importante es quién decide (el Tribunal Supremo) y no quién propone; pero es cierto que, si se quiere dar la posibilidad de participación del Parlamento en la defensa activa de la democracia, es más lógico que la capacidad de instar la ilegalización se atribuya a las Cámaras en cuanto tales, es decir, a una mayoría de las mismas, como ocurre en la legislación alemana, por ejemplo. La cual, por cierto, también contempla la posibilidad de que la iniciativa corresponda a una Cámara territorial -del land correspondiente- si el partido contra el que se procede tiene ese ámbito de actuación.

El debate está poniendo de relieve otra cuestión más de fondo. Aznar ha hecho del problema del terrorismo su prioridad máxima y el eje de su discurso. Ello ata las manos de la oposición, dado que es un tema sobre el que apenas cabe la diferenciación. El Gobierno no sólo no reconoce la lealtad con que los socialistas están actuando al respecto, sino que intenta sacar ventaja de la situación planteando como ruptura del consenso cualquier divergencia. A favor de viento en el clima internacional creado por el 11 de septiembre, Aznar ha encontrado en esta cuestión un motivo para afilar cada día su agresividad contra la oposición. Ello es bastante innoble, pero es también un error: porque si el resultado es que, efectivamente, el PP consigue quedarse solo en la defensa de lo que deberían ser posiciones compartidas de todos los demócratas, serán los enemigos de la democracia quienes lo celebrarán.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 13 de abril de 2002.

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