Archivado uno de los casos de los fondos de formación tras morir el principal imputado

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decretó, en octubre del año pasado, el archivo de la investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos de formación por parte de la Federación Valenciana de Empresas de Construcción (Fevec) tras el fallecimiento de su ex presidente, Alfredo Corral, principal imputado.

Fuentes jurídicas explicaron ayer que el archivo se decidió 'con el acuerdo de todas las partes' y la razón principal obedeció a que 'tras el fallecimiento del imputado, se extinguió la posible responsabilidad penal que se derivara de la investigación'. Asimismo, las mismas fuentes agregaron que el tipo supuestamente delictivo no se ajustaba a lo que se estaba investigando, lo que también inclinó la decisión hacia el archivo.

La defensa de Corral, imputado por un presunto delito de fraude de subvenciones, mantuvo durante la instrucción que Fevec no es una sociedad anónima y que no está sometida al criterio contable del Plan General de Contabilidad, que exige formalidades que no se exigían a esta federación. Con motivo de la declaración de Corral en el juzgado, en diciembre de 1999, su abogado defensor, Antonio Reyes, consideró que el proceso penal fue articulado 'sobre bases inciertas y no firmes', puesto que el Tribunal de Cuentas no había determinado la cantidad de dinero ni que hubiera detectado que siquiera si éste había sido 'mal destinado o mal justificado'.

La subvención pública sobre la que presuntamente se cometió el fraude correspondía a la construcción de una escuela taller, cuya finalidad era proporcionar cualificación a desempleados menores de 25 años para que pudieran acceder a un puesto de trabajo, objetivo que, según la defensa, se consiguió.

Con este archivo se pasa página a uno de los tres procesos que se abrieron por el supuesto uso irregular de 1,14 millones de euros de subvenciones para la formación entre 1993 y 1995. Las supuestas irregularidades en la gestión de estos fondos para la formación fueron hechas públicas por la Inspección de Trabajo en 1995, que levantó varias actas de infracción a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev) porque no acreditaron debidamente ni en tiempo y forma, ni después de los requerimientos pertinentes, el destino de los fondos. El juzgado número 9 de Valencia, además, abrió en 1998 una investigación penal para deteminar si existió algún delito.