Ripoll explicará a las Cortes la posición oficial ante la condena de Cartagena

La sesión del pleno de las Cortes del próximo jueves tendrá prácticamente carácter monográfico. El PSPV y Esquerra Unida han anunciado sendas preguntas a Eduardo Zaplana en el breve espacio de control al Ejecutivo relativas a la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que condena a cuatro años de cárcel a Luis Fernando Cartagena, consejero de Obras Públicas entre 1995 y 1998, por malversación de fondos públicos y falsedad en documento cuando ejercía como alcalde de de Orihuela. A continuación, está prevista una comparecencia del presidente para explicar la posición de la Generalitat sobre el caso. Pero fuentes parlamentarias del PP aseguraron ayer que Zaplana cederá ese cáliz a José Joaquín Ripoll, vicepresidente segundo del Consell.

Las preguntas de control al Ejecutivo se resuelven en cinco minutos de acuerdo con un patrón muy similar. El presidente responde escuetamente en un primer turno y suele apuntar vicios formales en la formulación de la cuestión. Cuando el portavoz de la oposición descarga el grueso de su argumento en la única réplica, el presidente resuelve la faena con balones fuera, ataques mordaces y alguna insidia.

Una comparecencia responde a otro formato. Exige una toma de posición previa del representante del Consell y admite hasta dos turnos de réplica de cada uno de los portavoces de la oposición. En la actual composición del hemiciclo dispondrán de turno los representantes del PP, del PSPV, de Esquerra Unida y el único diputado de Esquerra Verda.

Zaplana se ha convertido en un parlamentario de primer orden tras años de ejercicio, pero ha preferido ceder la ocasión de lucimiento a Ripoll.

Cartagena se convirtió hace apenas un mes en el primer ex consejero de la Generalitat Valenciana condenado a prisión por una sentencia, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Los hechos se remontan a 1987, cuando era diputado nacional y alcalde de Orihuela. La sentencia afirma que Cartagena malversó 50.000 euros que fueron entregados a un concejal de su equipo de gobierno por la religiosa responsable de la gestión del Hospital San Juan de Dios de Orihuela, de titularidad municipal.

La sentencia también considera probado que, años después, Cartagena falsificó unas facturas con la colaboración del empresario local Ángel Fenoll para intentar justificar el destino de unos fondos que nunca fueron registrados en la contabilidad del Ayuntamiento.