Monopolio ilegítimo

Aun si los candorosos representantes del PSOE a quienes se les permitió examinar en el Ministerio de Justicia durante dos horas el borrador de la Ley de Partidos el día antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros se extralimitaron realmente en el cumplimiento de su mandato, el destemplado rechazo de José María Aznar a las posibles modificaciones posteriores sugeridas por los socialistas descansa sobre el erróneo supuesto de que la negociación quedó entonces concluida. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado deben todavía emitir sus preceptivos dictámenes; la posterior tramitación parlamentaria durará meses. Así pues, la conformidad de principio dada el pasado 21 de marzo por los nuncios socialistas a sus interlocutores gubernamentales, tras una reunión a puerta cerrada interpretada por cada cual de manera diferente, mal podía comprometer de manera definitiva a la Ejecutiva y al Grupo Parlamentario del PSOE.

El consenso en materia terrorista no es una cortesía del Gobierno hacia los socialistas sino una exigencia del Acuerdo por las Libertades. El documento suscrito por el PP y el PSOE extiende la tarea de combatir el terrorismo 'a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o la oposición' y anuncia la voluntad de 'eliminar del ámbito de la legítima confrontación electoral' las eventuales discrepancias al respecto; ambos partidos se comprometen a impulsar 'en el marco del mutuo acuerdo' las eventuales 'reformas legales' para dar 'respuesta jurídica adecuada' a las 'nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos' objetivamente definibles como 'colaboración o incitación al terrorismo'.

Dada la inequívoca rotundidad de ese enunciado, la pretensión de José María Aznar de arrogarse el monopolio interpretativo de cómo y cuándo se perfeccionan los acuerdos entre populares y socialistas sobre legislación antiterrorista sólo puede deberse a una mezcla explosiva de malicia y arrogancia. Los representantes del PSOE cayeron hace veinte días como isidros en una encerrona del Gobierno: la simulación de una negociación sobre la Ley de Partidos sirvió para imponer a rajatabla el borrador oficial. Tras la rabieta infantil de Aznar (sólo le faltó invocar a Santa Rita para justificar que lo que se da no se quita) ante el deseo socialista de discutir algunas modificaciones en el texto, la sectaria estrategia del Partido Popular es alzarse con el ilegítimo monopolio de la lucha contra el terrorismo: a nadie puede engañar que Javier Arenas, con su trasnochado aire de personaje de los Hermanos Álvarez Quintero, lloriquee en televisión ante la supuesta deslealtad de los socialistas: el secretario general del PP sólo pretende ahondar las diferencias con el PSOE a fin de que los populares puedan enarbolar en solitario con fines electorales la bandera antiterrorista.

La maniobra gubernamental para dar por concluida la negociación con el PSOE e imponer como Ley Orgánica el actual borrador del proyecto no implica sólo la conculcación del Pacto Antiterrorista. Aznar parece suponer -razones tendrá- que el CGPJ y el Consejo de Estado no corregirán ni una sola coma en sus dictámenes; dado que ambas consultas carecen de fuerza vinculante, el presidente del Gobierno está enviando a las dos instituciones el descortés aviso de que arrojará a la papelera cualquier observación crítica. El obsecuente apoyo dado al sagrado e inmodificable borrador por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (y del Tribunal Supremo) y el presidente del Tribunal Constitucional (con el científico argumento de que 'una cosa es ser demócrata y otra ser tonto') debería provocar sonrojo dentro de esas instituciones: no sólo rebaja el prestigio de las sedes encargadas de aplicar la norma en el futuro sino que abre el camino para la recusación de esos entusiastas groupies gubernamentales.

Socavada la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en beneficio del Ejecutivo, el comportamiento del Legislativo también se da por descontado. Los parlamentarios del Partido Popular se limitarán a seguir disciplinadamente las instrucciones del Gobierno -cualesquiera que sean- y a respaldar el propósito último de José María Aznar: monopolizar el rechazo al terrorismo con fines electorales y encerrar a los socialistas en el dilema de tener que escoger entre la obediencia sumisa al Ejecutivo y las acusaciones de deslealtad al sistema.