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Los socialistas proponen que las tabaqueras paguen parte del gasto sanitario

Puig propone a la Generalitat que negocie con las multinacionales

El Grupo Socialista-Progressistes de Cortes Valencianas acordó ayer presentar una proposición no de ley para que la Generalitat reclame a las multinacionales tabaqueras una contribución económica que compense los costes y perjuicios que el tabaquismo supone para la sanidad pública. El portavoz del PSPV, Joaquim Puig, sugirió acudir a la vía judicial, como Andalucía, si las tabacaleras no negocian.

'De la misma manera que quien contamina paga, consideramos que quien se beneficia y al mismo tiempo causa con su actividad unos costes a la sanidad pública, debe compensarlos'. El portavoz socialista en las Cortes, Joaquim Puig, esgrimió ayer este argumento para sustentar la inminente presentación de una iniciativa parlamentraria con la que pretenden que la Generalitat reclame a las empresas tabaqueras una serie de compensaciones que contribuyan a costear parte de los perjuicios que el tabaquismo supone para la sanidad pública. Puig sugirió la posibilidad de acudir a la vía judicial, en la línea iniciada por la Junta de Andalucía, si las multinacionales del sector del tabaco no se avienen a un acuerdo.

El Gobierno andaluz presentó el pasado mes de febrero una demanda contra las empresas tabaqueras en la que reclama los gastos de hospitalización de 135 pacientes con enfermedades causadas, a su juicio, directamente por el consumo de tabaco. En la demanda se aseguraba que las seis empresas que controlan más del 90% del mercado incluyen en sus cigarrillos amoniaco, una sustancia que favorece la absorción de la nicotina y, por tanto, aumenta la adicción al tabaco. La Junta de Andalucía señalaba también en su demanda que los valores de nicotina y alquitrán que constan en las cajetillas de tabaco no son los reales.

'Esta es una iniciativa muy importante para el futuro de la sanidad valenciana', dijo ayer Puig al defender la presentación de la iniciativa en las Cortes. Puig consideró 'fundamental' que la Generalitat tome parte en esta cuestión. 'Las multinacionales tabaqueras deben contribuir a costear el gasto que el tabaquismo supone para la sanidad valenciana', defendió el portavoz socialista, quien precisó que su iniciativa va dirigida 'contra el tabaquismo y sus consecuencias, y no contra los fumadores'. Según Puig, 'una industria que cuesta tanto dinero a la sanidad pública debe contribuir' a su sostenimiento, y la Generalitat, por su parte, 'tiene el derecho y el deber' de reclamar a las multinacionales tabaqueras que contribuyan a financiar parte de los costes que el tabaquismo supone para la sanidad pública y 'debe tomar parte' en esta cuestión. El portavoz socialista precisó que el consumo de tabaco es la causa directa o indirecta de la muerte del 22% de los hombres y del 10% de las mujeres de la Comunidad Valenciana, unas cifras que calificó de 'alarmantes'.

Comparecencia de Camps

Por otra parte, los socialistas acordaron e su reunión de ayer pedir la comparecencia en la Cámara del nuevo Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, para que informe de las medidas que tiene previsto adoptar para solucionar los problemas relacionados con la inmigración y con la delincuencia. Puig criticó a Camps por iniciar su 'singladura' en su nuevo cargo 'atacando a la oposición y sin dar ninguna alternativa'. 'Queremos recordarle [a Camps] que su papel como delegado del Gobierno no está en ninguna trinchera partidaria ni en ninguna trinchera para recoger votos populares', señaló Puig, quien consideró que la misión fundamental del delegado gubernamental es resolver dos problemas que calificó de 'graves': los altos índices de delincuencia que padece la Comunidad Valenciana y la aplicación de la Ley de Extranjería, a los que añadió el 'problema endémico' de las infraestructuras, una cuestión en la que, según dijo, 'se mire por donde se mire' la Comunidad Valenciana está 'a la cola'.

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La AVL y las subvenciones

'No es posible que entidades que tienen como fin último atacar la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) tengan financiación pública'. Joaquim Puig justificó ayer así la presentación de una iniciativa parlamentaria en la que los socialistas piden que el Consell adopte las medidas necesarias para que todas las instituciones públicas cumplan el acuerdo de la AVL sobre el referente normativo oficial del valenciano y para que no se puedan financiar con fondos públicos publicaciones ni actividades que van en contra de la normativa que ha aprobado la propia AVL. Los socialistas señalan en su iniciativa que existen departamentos de la Generalitat, organismos dependientes de ayuntamientos o entidades privadas subvencionadas por las administraciones públicas valencianas, como la Consejería de Agricultura, el Palau de la Musica, Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana, que utilizan en sus escritos y publicaciones normas lingüísticas, ortográficas y lexicográficas contrarias a la norma aprobada por la AVL.

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