El fiscal pide al juez que investigue los bienes de la esposa e hijos del alcalde de Quijorna

Un juez de Móstoles investiga una querella de la fiscalía en la que se imputan al alcalde de Quijorna, Florentino Serrano Villena, varios delitos urbanísticos y supuestos tratos de favor a constructoras. La fiscalía reclama al juez que decrete el secreto del sumario y que investigue el patrimonio del regidor, de su esposa y de sus hijos. Asimismo, 'y ante la trascendencia y gravedad de las irregularidades urbanísticas detectadas', también pide que ordene un registro en el Ayuntamiento para recopilar información sobre los convenios suscritos entre el alcalde y las empresas.

El fiscal acusa a Florentino Serrano, del Grupo Independiente de Quijorna (1.194 habitantes), de 'infringir la ley' y 'favorecer a determinadas constructoras a pesar de contar con informes en contra del arquitecto y de los sucesivos secretarios municipales'. Llama la atención el fiscal por los traslados a otros destinos solicitados por cuatro secretarios interventores de este Ayuntamiento que desautorizaron con sus informes algunas de las actuaciones del máximo edil de esta localidad situada en los aledaños de la carretera de los Pantanos.

Las actuaciones urbanísticas de Quijorna que el fiscal tacha de 'ilegales' afectan a las unidades de ejecución Dehesa Boyal, El Llano, UE 10 y El Molinillo. Según se explica en la querella, el alcalde nunca se ha ceñido, en estas urbanizaciones, que suponen 'la totalidad del suelo urbano desarrollado en Quijorna en los últimos años', a las normas subsidiarias aprobadas el 23 de diciembre de 1997.

Para ejecutar estas actuaciones, el regidor 'pergeñó con las mercantiles [empresas cons-tructuras] un remedo de convenios urbanísticos en los que renunció a las cesiones de aprovechamientos públicos y urbanizaciones obligatorias que la Ley del Suelo establece con carácter general'.

Detalla el fiscal que en 1995 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la inmobiliaria Darro, SA, para edificar 250 casas en esta zona. El convenio preveía la entrega de 991.670 euros por parte de la inmobiliaria al municipio y la ejecución en la zona de un determinado número de casas de protección oficial, así como la cesión de un 15% del terreno edificable.

El convenio establecía asimismo la reversión al municipio de esos terrenos si la obra no finalizaba en el plazo de 18 meses. Lo cierto, según el fiscal, es que no se inició 'obra alguna', por lo que tales terrenos debieron revertir al Consistorio en 1998. Pero no fue así. Según la acusación, el alcalde concertó después con la constructura Alcalá 120 el facilitarle 'de cualquier manera' la construcción de viviendas, 'eximiéndole de ceder suelo al municipio y de hacer viviendas de protección oficial'.

Los tres convenios que firmó con Alcalá 120 resultan 'insólitos por la dejación absoluta de defensa del interés público que suponen'. Esta constructora sólo pagó, con aquiescencia del regidor, 168.283 euros por ese suelo, y no los 961.670 euros inicialmente previstos con Darro, SA. 'De las viviendas de protección oficial, que constituían el objeto inicial de la operación, no queda ya absolutamente nada', afirma el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio. Todo este 'cuadro de ilegalidades culminó con la concesión, por decreto del alcalde fechado el 30 de diciembre de 1999, de una licencia para la edificación de 250 viviendas en ese terreno público, sin que hubiese planificación urbanística, contraprestación monetaria por parte de la constructora ni cesión de suelo al municipio'.

Fiscal manipulado

El alcalde de Quijorna, Florentino Serrano, aclaró la semana pasada que ha tenido otras 22 querellas 'antes y después de ser alcalde'. 'Y todas las he ganado', añadió. Y agregó: 'No me gustaría pensar que el fiscal no investiga lo suficiente y que está siendo manipulado por la oposición'. Serrano está 'convencido' de que lo está haciendo bien. Y el pueblo lo ha reconocido 'con dos mayorías absolutas, una con el PP y otra como independiente'. Afirma que todo este 'jaleo' obedece a una 'persecución política'. En cuanto al presunto enriquecimiento personal y de su familia, niega la mayor. 'Tengo un Audi que se cae y que no lo quiero cambiar para que no hablen. Uno de mis hijos tiene un Opel Corsa y el otro cambia de coche porque trabaja en un concesionario y usa los coches de la flota', explicó.

'La inmobiliaria de Majadahonda la he cerrado porque tampoco quiero que me lo restrieguen por la cara'. Y se pregunta: '¿Qué más tengo que hacer?'. 'Pero que no se preocupe el fiscal, todos los papeles de este Ayuntamiento están a su disposición', concluyó el alcalde.