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OFERTAS DE EMPLEO

Los economistas organizan su 'turno de oficio'

El registro de los profesionales que colaboran con los juzgados agrupa ya a 1.098 profesionales

Amaya Iríbar

Cada vez más economistas colaboran con los juzgados españoles, según el registro creado por los colegios profesionales para agruparlos, mejorar su formación e impulsar la actividad. Refor tiene ya fichados a 1.098 profesionales que igual valoran una estafa que administran una sociedad en suspensión de pagos, por poner sólo un par de ejemplos. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la futura ley concursal avivarán la demanda de estos profesionales, asegura su presidente, José María de la Cruz.

El presidente del Refor, José María de la Cruz, dice que la demanda de profesionales está en aumento y calcula que serán 3.000 este año

Los juicios con trasfondo económico abundan. Basta con recordar la quiebra de Sintel, o los casos Banesto o Gescartera, por citar sólo algunos ejemplos conocidos de los últimos años. Pero ni el Ministerio de Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial son capaces de poner números a los informes que elaboran los economistas, para los juzgados y para las partes inmersas en un pleito.

Los casos son muy variados y en ninguno de ellos se reserva la actuación a un un licenciado en Económicas. Sólo el año pasado quebraron 335 empresas y otras 234 se declararon en suspensión de pagos, dos procedimientos típicos en los que suelen participar estos expertos, que pueden actuar como administradores, interventores o representantes de los acreedores, por ejemplo.

Otro gran grupo de actuaciones son los peritajes, más numerosos, más sencillos y, por lo tanto, al alcance de otros profesionales, como auditores o titulados mercantiles, explica Alejandro La Torre, con 20 años de experiencia en la economía forense. Los econosmistas pueden trabajar en un caso penal, por ejamplo en una demanda contra el administrador de una compañía por apropiación indebida, pueden rastrear el viaje del dinero o valorar las cuentas; laboral (establecer si un expediente de regulación de empleo responde o no a una crisis empresarial, por ejemplo); contencioso-administrativo (valorar lo que deja de ingresar una compañía a la que van a expropiar una fábrica para hacer una carretera). Y por supuesto en pleitos civiles: desde valorar el canje de acciones establecido en un acuerdo de fusión impugnado hasta administrar una empresa que no cumple con sus acreedores.

El presidente del Refor, José María de la Cruz, asegura que la demanda de estos profesionales se ha disparado en los últimos años y le dan la razón el resto de consultados, si bien reconocen que algunas materias suelen recaer en inspectores de Hacienda o del Banco de España.

El Consejo General de Colegios de Economistas, que agrupa a 45.000 titulados, creó hace un año un registro específico para economistas forenses, que es como se denomina a los titulados que quieren encaminar su actividad profesional hacia el mundo judicial. La razón era triple: adivinaba un campo de actividad en expansión para sus socios, consideraba que debían ser economistas quienes realizaran estas funciones y creía necesario que un órgano específico ayudara a mejorar la preparación de estos especialistas y elaborara normas de actuación. En este sentido, el Refor funciona como el registro de economistas auditores.

Hoy son casi 1.100 los inscritos, una cifra que rondará los 3.000 antes de que termine este año, según De la Cruz. En su mayoría se trata de licenciados con poca experiencia y escasean las mujeres. Para facilitar el acceso a este registro, se ha establecido como único requisito la colegiación, si bien cuando el Refor esté más desarrollado está previsto que tengan que demostrar su experiencia en actuaciones judiciales como experto independiente durante tres años o, en su defecto, haberse inscrito en el turno de su colegio correspondiente y superar un curso de formación específico.

Precisamente la formación es una de las obsesiones de la junta directiva del Refor, que trabaja ya en el diseño de cursos específicos tanto en materia concursal como pericial, exigirá a su miembros al menos 30 horas de formación al año y que prevé ofrecer formación a través de Internet a finales de este año o principios del que viene (www.refor.org).

La idea era crear algo parecido a un turno de oficio para economistas. En primer lugar, porque las leyes no reservan a estos profesionales ninguna de las actuaciones descritas. Pero también porque la Ley de Enjuciamiento Civil que entró en vigor el año pasado, daba prioridad a los colegios profesionales para facilitar las listas de expertos de los que pueden tirar los jueces cuando necesiten un perito.

Aun así, son pocos los economistas que viven en exclusiva de este tipo de intervenciones, asegura Antonio Moreno, que compatibiliza esta actividad con la de auditor de cuentas. A su despacho llegan unos dos encargos para hacer pruebas periciales al mes, a los que suma entre 6 y 10 solicitudes para intervenir en procedimientos de quiebra y suspensiones de pagos cada año. La tarifa orientativa del colegio es de 180 euros a la hora.

El Refor coexiste por el momento con los turnos de actuación profesionales que ya existían en los colegio. La idea de sus impulsores es que acabe sustituyéndolos.

Economía para jueces

El Gobierno tiene ya listo el anteproyecto de ley concursal, que unifica los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos y prevé la creación de más de un centenar de juzgados de lo mercantil para lidiar de forma especializada con estas materias. Con el fin de que los jueces mejoren su formación económica -muchos abogados se quejan de la falta de preparación de los togados-, el Registro de Economistas Forenses (Refor) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ley llegará al Congreso de los Diputados este mismo mes o el que viene, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia. La cuenta atrás para la creación de los nuevos juzgados empezará entonces.

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Sobre la firma

Amaya Iríbar
Redactora jefa de Fin de Semana desde 2017. Antes estuvo al frente de la sección de Deportes y fue redactora de Sociedad y de Negocios. Está especializada en gimnasia y ha cubierto para EL PAÍS dos Juegos Olímpicos y varios europeos y mundiales de atletismo. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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