El PP lleva siete años sin crear el Consejo Superior de Urbanismo

La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), cuya aplicación ha motivado hasta la creación de una asociación de 'damnificados' por la norma, incluye un órgano de control, el Consejo Superior de Urbanismo, que nunca se ha creado. La ley, aprobada por los socialistas en 1994, habla, en su disposición adicional primera, de este órgano como el 'máximo órgano asesor de las administraciones públicas con competencia urbanística de la Comunidad Valenciana'.

El fin del Consejo Superior de Urbanismo ha de ser el de 'asesorar con rectitud las cuestiones que se sometan a su consideración y dictaminar en los casos que así lo exija la ley, un decreto del Consell o cuando lo solicite el Gobierno Valenciano o alguno de sus miembros'. Pese a que nunca se ha puesto en marcha debido a que ha de desarrollarse un reglamento que establezca su composición y funcionamiento, la propia ley marca unos casos sobre actuaciones urbanísticas en los que, para su aprobación, es necesario el dictamen de este inexistente consejo, que debería estar compuesto por 'expertos en urbanismo de reconocida competencia' para dictaminar sobre aspectos tanto referentes al planeamiento como a la ejecución de determinadas acciones urbanísticas.

El artículo 55 de la LRAU señala que la modificación de los planes de ordenación que varíen las calificaciones o uso urbanísticos sobre zonas verdes 'requiere previo informe favorable del Consejo Superior de Urbanismo'. Este mismo artículo indica que la modificación que 'venga a legalizar actuaciones urbanísticas irregulares exige previo informe favorable del Consejo Superior de Urbanismo'. Otros de los casos en los que la LRAU exige el informe de este órgano es cuando un gobierno local decide ampliar el plazos de ejecución de un Programa de Actuación Urbanística (PAI). Además, el Plan de Acción Territorial que ha de aprobar el Consell debe contar también con el informe del Consejo.

Después de siete años sin que el Gobierno popular haya reglamentado la creación, organización y funcionamiento del Consejo, el PSPV ha presentado en las Cortes una proposición no de ley para el desarrollo reglamentario de la ley, de manera que se establezca la creación de este órgano. La propuesta socialista indica que se deben fijar los supuestos que habrán de ser sometidos preceptivamente a su dictamen 'ya sea con carácter consultivo o vinculante'.

El diputado socialista Daniel Gozalbo considera que el Consejo Superior de Urbanismo es el único órgano de control de aplicación de la ley y que en su espíritu pretendía 'evitar que los ejecutivos se sobrepasasen en sus competencias sobre aprobaciones, además de impulsar la participación social sin tener que llegar a los tribunales'.