La difícil digestión de las almendras
El PP y el PSOE discrepan en la interpretación de la reunión para ilegalizar a Batasuna
Llegaron al viejo caserón de la calle San Bernardo de Madrid sobre las 19.00 del jueves 21 de marzo. Esa tarde, a las 14.20, ETA había asesinado al edil socialista vasco Juan Priede. Tres horas después, el Ministerio de Justicia convocó a los socialistas para consensuar la nueva ley de Partidos Políticos y facilitar la ilegalización de Batasuna. El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se disculpó para acudir al funeral. El portavoz en el Congreso, Jesús Caldera, barajó con su equipo y el responsable de Justicia en la Ejecutiva, Juan Fernando López Aguilar, no acudir a la cita. Les parecía inoportuna y, quizá, interesada. Al final, fueron. Ahora se lamentan y advierten de que en el futuro acudirán con grabadoras.
El ministro Ángel Acebes les recibió junto al secretario general de Presidencia del Gobierno, Francisco Javier Zarzalejos, el secretario general del PP, Javier Arenas, y el portavoz en el Senado, Esteban González Pons. Acebes pidió unos refrescos. López Aguilar tenía hambre y reclamaron unos tentempies, sobre todo almendras.
Acebes destinó la primera de las dos horas que duró la reunión a enumerar el sentido y el objetivo de los retocados artículos. A Caldera la música de la nueva ley le gustó. Sólo hasta ahí coinciden las versiones.
Caldera protestó porque el Gobierno pedía el apoyo del PSOE para un anteproyecto de ley que quería aprobar el Consejo de Ministros en la mañana siguiente y aún no les habían dado ningún documento. López Aguilar exigió una cautela jurídica y constitucional 'impecable' para pasar de una 'ley raquíticamente escueta a otra asombrosamente prolija'.
El subsecretario de Justicia, Ignacio Astarloa, que se había marchado de la sala con el borrador del texto al entrar los socialistas, regresó con fotocopias al tiempo que llegaban las bebidas. El PSOE asegura que apenas tuvo 20 minutos para leer e intuir el trasfondo de la propuesta y avisó varias veces de que aunque estaba de acuerdo 'en sus principios y valores' debía estudiarla con más detenimiento, someterla a consideración de sus expertos y atender tanto a los informes del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial y a las enmiendas de los demás grupos parlamentarios. Argumentan que es 'inimaginable' pactar en apenas dos horas una ley orgánica básica como la regulación de los partidos.
En el PP aseguran que Caldera, el único socialista que acude a todos estos contactos, corrigió a López Aguilar en varias demandas. López Aguilar apostilló muchos puntos. Incluso abogó por una reforma mucho más ambiciosa de esa ley preconstitucional. El PP dice que hasta Caldera lo descartó.
El PP no comprende como Zapatero cuestiona que 50 parlamentarios puedan instar la ilegalización cuando ese día Caldera valoró la medida para que no quedase semejante potestad sólo en manos del Ejecutivo. Caldera lo desmiente. El PP incide en que López Aguilar planteó que se sumase a esas instituciones el Defensor del Pueblo, como en los recursos de inconstitucionalidad. López Aguilar lo niega. Sí admite que refutó que los patrimonios incautados a los partidos ilegalizados se los quedase el Gobierno. Y apuntó la conveniencia de ampliar el consenso a más partidos. El PP le replicó con 'la doctrina Rubalcaba', que mantiene que cada vez que se invita a otra formación resulta más importante su negativa que el pacto. El PSOE argumenta que Caldera afeó al PP su alergia al Parlamento 'como contrapoder para limitar sus ímpetus de legislar en solitario'. Acebes avisó al final de que el Ministerio se encargaba de informar a la prensa. Arenas constató que mantener la confidencialidad era imposible. Y quedó sobreentendido que se permitían las filtraciones.
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