Los nacionalistas recurren contra las elecciones que ratifican su marginación en la Caja Vital

Los partidos nacionalistas han quedado arrinconados en los órganos de dirección y control de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava. Se decidió ayer por 54 votos contra 20 en la Asamblea General. Sin embargo, sus representantes en la Vital protestaron contra una novedad introducida este año, que permite participar en la votación a ayuntamientos de fuera de la provincia donde la entidad dispone de sucursales. Aunque la comisión electoral ratificó la validez de esta fórmula, los nacionalistas han advertido de que acudirán a los tribunales para impugnar las elecciones.

La Caja Vital, en su política de expansión, ha abierto en los últimos años varias sucursales fuera de Álava, su área natural de influencia. Dispone ya de oficinas en Madrid, Logroño, Zaragoza, Alcalá de Henares y Valladolid. Los estatutos de la entidad establecen que los ayuntamientos donde hay sucursales eligen entre ellos a 32 miembros de los 100 que componen a Asamblea General. Ayer se celebraron elecciones, y debían renovarse 16 de esos 32 representantes.

Hasta ahora, en las elecciones habían participado municipios alaveses, con la excepción del Condado de Treviño (Burgos), Madrid y Logroño. Pero este año, con la reciente expansión de la Vital, se han incorporado algunas corporaciones más, como Zaragoza, Valladolid y Alcalá de Henares.

Los partidos nacionalistas, que perdieron el poder dentro de la entidad en las elecciones de marzo de 2000, vieron ayer cómo quedaban aún más marginados en los órganos de dirección y control. El único sector en el que aún tenían influencia es el de los ayuntamientos de la provincia, donde el PNV tiene mayoría. Pero cuantos más municipios de fuera de Álava participen en las elecciones, significa que más posibilidades hay de reducir la cuota de poder de los nacionalistas.

Las primeras protestas de los nacionalistas se produjeron el pasado 20 de marzo. Las presentaron José María Mouriz, representante del Ayuntamiento de Amurrio, gobernado por Eusko Alkartasuna, y María Isabel Sola, de Añana, un municipio gobernado por el PNV. Los nacionalistas pretendieron impugnar las elecciones previstas para la tarde de ayer. Sin embargo, la comisión electoral de la entidad rechazó las alegaciones el miércoles de la semana pasada y el proceso siguió su curso con normalidad. La comisión electoral está controlada por consejeros socialistas y del PP desde las elecciones de marzo de 2000, coincidiendo con el gran giro en la correlación de fuerzas de la Caja Vital.

Sin explicación

Los nacionalistas han insistido en sus protestas. Se quejan de que se les notificó por teléfono la semana pasada que sus alegaciones no fueron aceptadas, sin darles explicación alguna. También aseguraron que ayer, a la entrada de la asamblea, se les entregó la documentación sobre los motivos que llevaron a la comisión electoral a denegar la impugnación. Por eso no hicieron públicas sus protestas durante la asamblea de ayer.

Sin embargo, tras la votación, se ratificaron en su decisión de seguir adelante con sus pretensiones y acudir incluso a los tribunales. En los próximos días darán más detalles.

El presidente de la comisión electoral, el socialista Roberto San Ildefonso, aseguró ayer que el órgano que él dirige se ha atenido 'a la Ley de Cajas Vascas de 1991 y a los estatutos internos' para denegar las alegaciones de los dos candidatos nacionalistas y se felicitó porque 'el proceso se ha realizado con total normalidad'.

Las elecciones celebradas ayer suponen la culminación de lo ocurrido en marzo del año 2000, cuando los constitucionalistas desbancaron por primera vez al PNV en el Consejo de Administración y eligieron a Pascual Jover para presidir la entidad.

Desde entonces, las fuerzas nacionalistas han perdido representación en todos los sectores de la asamblea, compuesta por 100 miembros, elegidos por los clientes (41), los municipios donde hay sucursales de la Caja Vital (32), las entidades fundadoras, es decir, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria (22) y los trabajadores de la entidad (5).

Tras la renovación de asambleístas, éstos renovaron a la mitad de los miembros del Consejo de Administración (entre otros, eligieron a los populares Alfredo Marco, Carlos Samaniego y Miguel Ángel Echevarría, y a los socialistas Gregorio Rojo y Marta Buesa) y a parte de la comisión de control.