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Reportaje:

La discoteca del incordio popular

Los socialistas de Jaén se atribuyen la victoria política al año de la denuncia del 'caso Bariloche'

Ginés Donaire

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jaén afronta el último año de mandato municipal en medio de la zozobra a la espera de la resolución judicial del caso Bariloche, que puede marcar el futuro del equipo presidido por el alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar. Un año después de que estallara el caso que ponía en entredicho los negocios del concejal de Urbanismo y mano derecha del alcalde, Miguel Segovia, la oposición socialista se ha atribuido el triunfo político. 'Ha sido una victoria política en toda regla frente al poder fascistoide', ha afirmado con rotundidad el portavoz del PSOE, Manuel López.

El balance triunfal realizado por los socialistas se sustenta en que, un año después de su denuncia, están a punto de finalizarse las obras del vial que atraviesa parte de la discoteca Bariloche. En el pleno de marzo de 2001 el grupo socialista denunció que unos oscuros intereses habían motivado el estancamiento, durante tres años, del expediente de expropiación de los terrenos de la discoteca. El PSOE relacionó ese retraso con los negocios de Segovia, que fue socio de la empresa que gestiona el local de ocio hasta poco antes de ser nombrado edil de Urbanismo.

'El PP no quería construir el vial, pero ha tenido que ceder a la presión política y ciudadana', indicó días atrás Manuel López a las puertas de la discoteca Bariloche, lugar elegido por su grupo para rentabilizar políticamente el principal escándalo que ha salpicado al gobierno del PP en la actual legislatura. Para los socialistas, la vía política de este caso ya está zanjada, aunque habrá que ver el coste que tendrá para cada formación (si el PP pierde la mayoría absoluta puede abrirse paso un pacto PSOE-IU).

Superada la fase política, todas las miradas se dirigen ahora al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, que instruye la querella interpuesta por el grupo socialista contra Segovia por un supuesto delito de prevaricación. También aquí los socialistas parecen haber cobrado ventaja respecto al PP puesto que el juez ha dejado en suspenso una querella anterior de Segovia contra el portavoz socialista, Manuel López, por presuntas injurias y calumnias. El motivo aducido por el juez es que si se confirma que hubo prevaricación de Segovia no cabe seguir adelante con su denuncia contra el portavoz socialista.

En el PP se aguarda con inquietud la resolución judicial. No sólo Segovia quedaría tocado. También lo estaría el alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar, que en todo este conflicto ha sido su principal defensor y que ha hecho oídos sordos a todas las peticiones de la oposición para que destituyera a su número dos. Del fallo judicial podrían sacar provecho, paradójicamente, los ediles del PP que se distanciaron de Segovia, en especial Inmaculada Solar y José Enrique Fernández de Moya, secretaria y presidente provincial del PP en Jaén, respectivamente. La primera no tuvo rubor en negar en público los argumentos dados por su compañero de filas culpando a la familia Solar (propietaria de los terrenos de la discoteca Bariloche) de la paralización del expediente de expropiación por el recurso planteado.

Mientras el futuro político de Segovia se dirime en los juzgados, la discoteca Bariloche se prepara para volver a abrir sus puertas aunque sea con menos superficie de la que tenía antes de estallar el conflicto. Para el PSOE, el futuro del local es irrelevante. 'Lo importante es que se ha constatado que el PP ha ejercido la corrupción política', subraya López. El portavoz socialista ha jugado muy fuerte en este caso, y en su partido se piensa que un posible revés judicial podría dificultar su nominación como candidato a la alcaldía por el PSOE en las próximas elecciones.

Segovia, que lloró ante la prensa pocos días después de estallar el conflicto para defender su 'comportamiento ético', ha vuelto a pisar los juzgados para declarar por una segunda denuncia interpuesta por el PSOE. En este caso se trata del llamado caso Somuvisa, donde se investiga un presunto tráfico de influencias en la compra y venta de solares en el casco antiguo de Jaén por parte de la sociedad municipal de la vivienda, que también preside Segovia.

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