La prueba de la verdad

La multiplicidad de fuentes de iniciativa política es una de las ventajas de los sistemas políticamente descentralizados frente a los centralizados. También en los Estados políticamente descentralizados el Gobierno central continúa siendo, con mucha diferencia, el promotor del mayor número y de las más importantes iniciativas, pero no dispone ni política ni jurídicamente de una posición de monopolio en este terreno, sino que tiene que compartir el espacio con los gobiernos de los entes subcentrales que integran el Estado o de los Estados que integran la Federación. El enriquecimiento de la vida política como consecuencia de esta multiplicidad de fuentes autónomas y concurrentes de iniciativas resulta indudable.

El debate social sobre los costes sanitarios que genera la industria del tabaco estaba ya lo suficientemente maduro como para ser trasladado a los tribunales de justicia

En España, dada nuestra corta experiencia de descentralización política, la inercia del pasado ha sido y continúa siendo muy intensa, siendo excesivamente dependientes los gobiernos autónomos del Gobierno de la nación.Cuando se analiza la vida política en España, se tiene la impresión de que, a pesar de que la Constitución y los estatutos de autonomía han configurado un sistema político sumamente descentralizado, los gobiernos de las comunidades autónomas actúan como si no se lo creyeran del todo y no se consideraran lo suficientemente legitimados como para anticiparse al Gobierno de la nación en la promoción de iniciativas políticas.

Sería bueno que dejara de ser así y que los gobiernos de las comunidades autónomas empezaran a hacer uso de la capacidad de iniciativa en aquellas materias en las que la Constitución y los Estatutos les atribuyen competencias. Es mucho el trayecto que queda por recorrer y es mucho lo que se puede ganar recorriéndolo. La vitalidad de nuestra vida política ganaría mucho con ello.

Ésta es una de las razones por las que considero que debe ser valorada muy positivamente la iniciativa del Gobierno de la Junta de Andalucía de interponer una demanda contra las compañías tabacaleras para compensar la asistencia de 135 enfermos del Sistema Andaluz de Salud. Aunque el problema de los costes que para la prestación de la asistencia sanitaria tiene el consumo de tabaco no es un problema específicamente andaluz, al tener atribuida la Junta de Andalucía la competencia en materia sanitaria, podía su Gobierno adoptar la medida que ha adoptado, sin tener que esperar a que lo hiciera el Gobierno de la nación. Parece ser que el consejero de Sanidad informó a la ministra de la intención de presentar la demanda, pero no tenía por qué haberlo hecho. No hay nada en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía que le obligue a ello.

Pero no es solamente por esto por lo que la iniciativa de la Junta de Andalucía tiene que ser bienvenida. También tiene que serlo por su contenido. El debate social sobre los costes sanitarios que genera la industria del tabaco estaba ya lo suficientemente maduro como para que se lo trasladara a los tribunales de justicia. No se debía perder ya más tiempo sin exigir de los tribunales de justicia que dieran una respuesta al conflicto de intereses entre las compañías tabacaleras y la sanidad pública. Mientras que a las primeras el consumo de tabaco les genera unos beneficios, a la sanidad pública le genera unos costes. ¿No tienen nada que ver los beneficios de las primeras con los costes de la segunda? ¿Pueden desentenderse las compañías tabacaleras del daño y el coste que ocasionan, como si no fuera con ellas?

Obviamente, se trata de un asunto muy complejo y de resultado incierto, aunque es más que probable que, a medida que pase el tiempo, vaya teniendo mayor receptividad la posición de la Junta de Andalucía. Basta comprobar los comentarios que se hicieron públicos cuando el presidente de la Junta de Andalucía anunció su intención de presentar una demanda contra las compañías tabacaleras con los que se han producido una vez interpuesta la demanda y una vez que ha sido admitida a trámite.

En todo caso, el debate ante los tribunales de justicia va a constituir la operación pedagógica respecto de la industria del tabaco más importante de todas las que se han conocido hasta la fecha. Los ciudadanos españoles vamos a acabar sabiendo mucho más de lo que sabíamos sobre la forma en que las compañías tabacaleras manipulan el tabaco y lo mezclan con aditivos que generan adicción y que limitan la autonomía de la voluntad de los consumidores. Vamos a saber mucho más de los beneficios que obtienen las compañías y de los costes que el consumo del tabaco ocasiona a la sanidad pública, es decir, a todos.

Sinceramente creo que la demanda de la Junta de Andalucía va a marcar una frontera en este terreno. Para la industria del tabaco va a haber un antes y un después. No sólo en Andalucía, sino en toda España. Porque no es lo mismo debatir en los medios de comunicación o en las revistas especializadas, que hacerlo ante un poder del Estado, como es el poder judicial, que es el que acaba definiendo de manera definitivamente vinculante cuál es 'la verdad' en un determinado conflicto. La verdad judicial es la verdad de la sociedad sobre un determinado asunto. La verdad posible en los conflictos de intereses entre los seres humanos, que no es la verdad alcanzable en el conocimiento de la naturaleza. Pero que es la verdad sin la que no es posible una convivencia civilizada. Gracias a la iniciativa del Gobierno andaluz, las compañías tabacaleras van a tener que someterse a esa prueba de la verdad.