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El acuerdo para designar al Ararteko confirma la nueva etapa de distensión

El Parlamento renueva el Tribunal de Cuentas que probablemente presida Asunción Macho

Después de que Mertxe Agúndez cumpliera esta semana un año y medio como titular en funciones del Defensor del Pueblo de Euskadi, el pleno del Parlamento designó ayer al abogado Joaquín Oquiñena como ararteko. El acuerdo alcanzado entre el tripartito y los socialistas para la designación de Oquiñena confirma la etapa de distensión iniciada.

La candidatura de Oquiñena había sido promovida por el tripartito, pero necesitaba sumar los votos de algún partido de la oposición para obtener los 45 que exige la ley. Al final logró 47. El apoyo prestado por los socialistas tiene como contrapartida el nombramiento del adjunto al Ararteko, que será el actual alcalde de Irún, Alberto Buen Lacambra, quien dejará su actual cargo próximamente.

El aval del PSE se suma a la abstención que protagonizó el pasado 22 de marzo en la votación de la ampliación del Presupuesto, lo que facilitó que saliera adelante. En aquella oportunidad, los socialistas apelaron a la 'responsabilidad del país' para justificar su decisión. Este gasto adicional se destinará, entre otros fines, a garantizar la seguridad de personas amenazadas por ETA a través de la contratación de escoltas y a cubrir las vacantes de la Ertzaintza.

El clima de distensión se refuerza con la sintonía alcanzada en el seno de la comisión de seguridad, integrada por los partidos vascos (excepto Batasuna) y por el Gobierno autonómico, que trabaja para reforzar la seguridad de los concejales. El propio consejero de Interior, Javier Balza, ha confirmado la coincidencia de todos los partidos en el diagnóstico de la situación.

Tras su designación, el nuevo ararteko destacó su independencia política como una de las características que definirán su trayectoria al frente de la institución. 'No he militado nunca en ningún partido político, no me ha gustado nunca, aunque respeto profundamente a quienes sí lo hacen', señaló. En relación al trabajo que tendrá que desempeñar, recalcó: 'No quiero ser ningún rompeolas del pueblo frente a la Administración'.

Oquiñena, quien tomará posesión del cargo en un próximo pleno parlamentario, tiene 65 años, es euskaldún, y fue decano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa entre 1988 y 1994. Además fundó junto a los decanos de los colegios de Vizcaya y Álava el primer Consejo Vasco de la Abogacía.

Sin sorpresas

Junto a la renovación del Ararteko, el pleno del Parlamento renovó los órganos que dependen de él: el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el consejo de administración de EITB, el consejo asesor de RTVE en el País Vasco, el consejo de dirección del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y el Consejo Social de la Universidad del País Vasco (UPV).

La renovación de todas estas instituciones no deparó ningún tipo de sorpresa y en la mayoría de los casos la elección de sus miembros se produjo por asentimiento. Sólo en el caso del Consejo Social de la UPV, donde quedó fuera el candidato propuesto por Batasuna, y en el de los miembros del consejo de administración de EITB propuestos por los organismos sociales fue necesaria la votación secreta.

Entre los nombres elegidos para formar parte del consejo de administración de EITB destaca el de Iñaki Dubreuil, concejal socialista al que ETA intentó asesinar el año pasado.

Por lo que se refiere al Tribunal Vasco de Cuentas, los nombres de los consejeros elegidos aparecerán publicados en el Boletín Oficial del País Vasco el próximo 5 de abril, mientras que el día 10 se celebrará un pleno en el que se elegirá al presidente y vicepresidente. Probablemente, la nueva presidenta será María Asunción Macho y el vicepresidente Gotzon Olarte, a propuesta de PNV y de EA, respectivamente.

Los demás consejeros son Jesús Álvarez (PNV), José María Gorordo (ex alcalde de Bilbao que ha sido propuesto por el PNV), Rafael Iturriaga (designado por el PSE y que hasta ahora ha sido el presidente), Begoña López Errasti (PSE) y Gonzalo Vera-Fajardo (PP). Los miembros del órgano fiscalizador estaban en funciones desde marzo de 2001. La disolución del Parlamento impidió acometer su renovación.

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