El tercer día de huelga de autobuses afectó a más de un millón de usuarios

Más de un millón de viajeros (200.000 usuarios de autobuses de largo recorrido y 900.000 de interurbanos) se vieron afectados ayer por el tercer día de huelga del transporte por carretera en la región, según la patronal. Los conductores no cumplieron los servicios mínimos fijados por el Gobierno, aunque algunos autocares partieron con chóferes de otras provincias. Los usuarios tuvieron que anular sus viajes o usar transportes alternativos para iniciar sus vacaciones. Miembros de los piquetes rompieron lunas de autobuses, según la patronal, y un hombre fue detenido.

La Estación Sur de autobuses vivió ayer uno de los días más complicados del año, y no sólo porque miles de madrileños iniciaban sus vacaciones de Semana Santa. Las ventanillas estaban desde primera hora atestadas de usuarios que querían saber si podrían utilizar los billetes que habían adquirido días antes. Muchos ignoraban que había huelga. Cargados con pesados equipajes, esperaban respuesta.

Una mujer que llegaba a Madrid procedente de Bilbao no sabía si iba a poder enlazar con un autocar que la trasladara a Ciudad Real. 'Nos han vendido los billetes, pero nadie nos garantiza que el autobús salga', se lamentaba. Las empresas de largo recorrido más afectadas por el paro fueron cuatro: Auto Res, que presta servicio al Levante y al interior de la Península, anuló todos los viajes; Continental Auto tuvo que suspender los servicios a Granada; La Sepulvedana, que une Madrid con Extremadura, sufrió el apedreamiento de dos autocares, y Daibus tuvo dificultades para sacar los autobuses de sus cocheras en San Sebastián de los Reyes por la acción de los piquetes; estas dos compañías emplearon a chóferes de fuera de Madrid para cumplir los servicios mínimos. 'Si en un día como éste salen 30 autobuses, hoy [por ayer] han salido seis', explicó el jefe de taquillas de La Sepulvedana en la Estación Sur, Manuel Ruiz. La huelga continúa hoy.

Manuel Ruiz, jefe de taquillas de La Sepulvedana en la Estación Sur de autobuses, señaló que, ante la huelga, muchos usuarios decidieron variar sus planes de viaje: 'Hemos recibido la petición de anular cientos de billetes, sobre todo de personas mayores que se han quedado sin viajar por la incertidumbre que provoca la huelga', explicó. Eso le ocurrió a Marisa Pardo. Ella y su marido pensaban irse de vacaciones a Baeza (Jaén), pero finalmente decidieron quedarse. 'No nos vamos porque no nos aseguran que haya autobús de vuelta', contaban. Muchos de los viajeros buscaron rutas y combinaciones alternativas a sus destinos con las compañías a las que no afectaba la huelga (por no depender del convenio de Madrid), y otros esperaron durante horas para coger autobuses que conducían chóferes de otras provincias.

Los sindicatos convocantes del paro (CC OO, USO y UGT) exigen un aumento de 75 euros mensuales sobre un salario base (sin contar los pluses por diversos conceptos) de 620 euros. Otras reivindicaciones son la reducción de la jornada a 35 horas semanales y el pago de las dietas en determinados viajes. Los sindicatos cuantificaron el seguimiento de la huelga en un 100% y aseguraron que los servicios mínimos fijados por el Gobierno regional -de entre el 40% y el 60% de los servicios- no se cumplieron, al igual que había ocurrido en las dos jornadas de paro precedentes (los días 21 y 22 de marzo). Rosa Palomar, portavoz de USO-Madrid, tachó de 'ilegal' que salieran autobuses cuyos conductores se adscriben a convenios colectivos firmados en otras comunidades.

Los sindicatos han pedido a la Delegación del Gobierno permiso para manifestarse el 8 de abril desde la Puerta de Alcalá a la Puerta del Sol. También han anunciado que, además de mantenerse los paros de los días 8 y 9 de abril, la huelga se convertirá en indefinida a partir del día 10 si no se llega a un acuerdo con la patronal. El próximo lunes hay convocada una reunión entre ambas partes en el Instituto de Mediación Laboral. 'Por el momento no hay ánimo de llegar a un acuerdo y la propuesta de huelga indefinida sigue firme', dijo ayer Emilio Cardero, secretario general de Transportes de UGT.

La jornada fue especialmente crítica para los usuarios del transporte interurbano. Más de 150 municipios de la región se quedaron sin servicio, lo que causó serios problemas a sus vecinos, que no pudieron desplazarse a Madrid en autobús. Las compañías sufrieron la rotura de 25 lunas y el pinchazo de cinco ruedas a manos de los piquetes de huelga, según la patronal, que asegura que los actos vandálicos comenzaron ya el martes. El conductor de un autobús de la empresa De Blas resultó herido por una bola de acero en la cabeza. 'Al principio han comenzado a trabajar algunas empresas, como Julián de Castro, que une la capital con la sierra, y Argabús, pero los piquetes les han impedido seguir. La ilegalidad y la irresponsabilidad de los sindicatos ha sido, una vez más, manifiesta', afirmó Rafael Barbadillo, vicepresidente de la patronal Asintra. En su opinión, el paro fue sólo parcial en los autocares de largo recorrido y se cumplieron los servicios mínimos, algo que niegan los sindicatos.

Un detenido

Los altercados se saldaron con la detención de un manifestante en la sede de Enatcar, en el número 478 de la calle de Alcalá (San Blas). El hombre se colocó en la salida de los autobuses para impedir el paso. Cuando la policía le ordenó que se retirara, él empujó a un agente, según la Jefatura Superior de Policía, y fue detenido.

Por otra parte, el diputado regional del PSOE Julián Revenga exigió ayer al consejero de Transportes y vicepresidente de la Comunidad, Luis Eduardo Cortés, que intervenga en el conflicto, informa Rodolfo Serrano. 'Tiene que tender la mano para una mediación. Si no lo hace será de una irresponsabilidad manifiesta', dijo el socialista. Revenga tachó de 'barbaridad' las declaraciones de Cortés, que había alegado que la huelga es un conflicto entre empresas y trabajadores. 'Sería eso si estuviéramos hablando de una fábrica de tornillos. Pero estamos hablando de un servicio público, de una empresa que produce servicios esenciales para los ciudadanos. Y la Comunidad tiene la obligación de proteger a esos ciudadanos', añadió Revenga.