La Junta asegura que Aznar le 'obliga' a ir al Constitucional al recortar el Estado autonómico

Gobierno y oposición valoraron ayer de manera completamente distinta los 18 recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno andaluz a iniciativas legislativas del Ejecutivo de José María Aznar desde 1996. Para los socialistas, las demandas son una respuesta a la defensa de los intereses generales de Andalucía y del Estatuto de Autonomía, mientras que para el PP, los recursos sólo obedecen a una política de mero enfrentamiento. El coordinador del PSA, Pedro Pacheco, opina que se trata de una 'actitud premeditada' para ocultar que no hay proyecto.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró que no hay una decisión estratégica que alimente la presentación de recursos al Tribunal Constitucional por parte de la Junta. 'Lo que hay es una beligerancia por parte del Gobierno de la nación de dictar normas que invaden competencias de las comunidades y de dar una vuelta de tuerca al Estado de las autonomías. Hay una posición consciente de obligarnos a ir al Constitucional', dijo. En su opinión, lo que persigue la Junta con la mayoría de las demandas es que 'se respete el marco de competencias' de la región y 'la defensa de los intereses de los andaluces'.

Al igual que Zarrías, el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, opinó que en la actualidad existe una 'estrategia por parte del Gobierno de la nación y de José María Aznar de regresión y agresión al Estado de las Autonomías'. A su juicio, las demandas del Ejecutivo autonómico no deben verse como un asunto extraordinario, 'sino que forma parte de la normalidad en las relaciones de dos instituciones'. Pizarro asegura que no se utiliza el mismo barómetro cuando se analiza los conflictos de competencia y recursos presentados en sentido inverso, es decir, las siete demandas planteadas por el Gobierno de la nación contra decisiones de la Junta de Andalucía. 'No supone un mayor enfrentamiento cuando recurrimos nosotros que cuando recurrre el Gobierno central', apostilló.

Para la presidenta del Partido Popular, Teófila Martínez, los recursos del Gobierno andaluz son 'el resultado del espíritu de confrontación' del presidente Manuel Chaves, a quien acusó de adoptar una actitud 'peligrosa, llamativa y criticable'. 'Su única política es la confrontación, los recursos y los proyectos estrella. es un confrontador circunstancial que no tiene la misma actuación cuando gobierna su partido en el Gobierno de la nación que cuando no lo hace', afirmó.

Para el portavoz del grupo mixto y coordinador del PSA, Pedro Pacheco, Chaves 'enmascara la ausencia de ideas a ejecutar' con la presentación de las demandas. 'Cree que con los recursos tiene el expediente cubierto', aseguró en un comunicado.

Para el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, el alto nivel de conflictividad entre las Administraciones central y autonómica 'no es normal en derecho comparado; en países como Alemania o Estados Unidos es muy inferior'. A su juicio, recurrir con tanta frecuencia al Tribunal Constitucional es un síntoma de que los cauces de negociación política que deberían dirimir las diferencias fallan: 'Cuando la política no funciona, interviene el derecho'.

Para el experto esta dinámica es un mal sistema para ventilar los problemas entre entes territoriales, ya que la lentitud con que suele resolver el alto tribunal (de ocho a diez años en la mayoría de los casos) tiene un resultado final inoperante: 'Cuando hay sentencia el problema ya no existe, es otro'.

Pérez Royo apunta que durante la puesta en marcha del Estado de las Autonomía, en la década de los años ochenta, se registraron muchos recursos por conflictos de competencias, fundamentalmente con Cataluña y País Vasco (el 90%). La conflictividad entre Andalucía y el Gobierno central en ambas direcciones se han incrementado en los últimos años, especialmente desde la mayoría absoluta del PP.