La izquierda reclama que la escuela pública enseñe el hecho religioso 'sin confesionalismos'

Los obispos católicos, enfadados y contrariados, exigen más, la izquierda cree que el Estado español ya les cedió demasiado y el Gobierno y el PP han optado por dar la callada por respuesta después de haberles favorecido en el polémico asunto de la contratación del profesorado de religión. Éste es el ánimo con que los protagonistas del debate sobre la enseñanza del hecho religioso en la escuela pública han recibido el anuncio de reformas para elevar la calidad de la educación no universitaria. Un grupo de expertos, reunidos por la Fundación Pablo Iglesias para discutir sobre el tema Religión y escuela pública, concluye que el actual modelo, incluso el que afecta a la asignatura alternativa a la religión, es insostenible, inconstitucional y contrario al sentir mayoritario de los ciudadanos.

Según los analistas convocados por la entidad que lleva el nombre del fundador del PSOE, 'la sociedad española es sociológicamente distinta de la de 1979, año en que se firmaron los Acuerdos con la Santa Sede', en referencia a la segunda reforma que, muerto el dictador Francisco Franco, se introdujo al Concordato de 1953 entre España y el Estado de la Santa Sede. [La primera reforma se acordó entre los dos Estados en Roma el 28 de julio de 1976, por tanto, antes de las primeras elecciones libres, celebradas el 15 de junio de 1977, y de la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978].

El acuerdo bilateral de 1979 sobre 'enseñanza y asuntos culturales' contempla que los planes educativos deben ofrecer clases de religión católica en todos los centros. Los alumnos son libres de asistir a esas clases, que serán impartidas por profesores seleccionados y nombrados por los obispos y, desde 1999, contratados y pagados directamente por el Estado. Este último punto es objeto de severas polémicas y correcciones judiciales a consecuencia de despidos sentenciados ya como improcedentes. Otro aspecto polémico es la clase alternativa a la de religión, que los obispos piden que sea evaluable y curricular.

'Fracaso' de la alternativa

Lo que los expertos del PSOE concluyen, después de seis jornadas de debate, es que la sociedad española en 2002 es 'más plural, heterogénea, multicultural y secularizada' que la de 1978, y que ahora existen confesiones distintas a la católica, que representan a minorías religiosas crecientes que reclaman los mismos derechos que los obispos de Roma. 'La sociedad está preocupada por el lugar que deben ocupar las creencias religiosas dentro del marco de los valores cívicos', concluyen antes de proclamar 'el fracaso de la alternativa actual a la enseñanza de la religión'.

'Es preciso hacer propuestas en una dirección distinta', dicen los especialistas convocados por la Fundación Pablo Iglesias. 'Se deben incorporar como currículo básico de la educación no universitaria contenidos que permitan conocer, como cultura y eficaz instrumento educador en la tolerancia, el hecho religioso explicado sin confesionalismos, según la metodología científica e histórica, por profesores seleccionados por la Administración educativa, en razón de requisitos de titulación, mérito y capacidad', dicen. En su opinión, el currículo de una materia reglada, compuesto por conocimientos, procedimientos y evaluación objetiva, 'es algo de naturaleza distinta e incompatible con una formación religiosa de carácter confesional', que en el fondo y la forma articulada por los obispos no es más que una catequesis asentada en la escuela pública.

La propuesta de los expertos es que 'la enseñanza confesional de la religión por profesores seleccionados por las confesiones religiosas que deben ser testimonios de su fe, podría impartirse en los centros escolares fuera del horario académico lectivo, como materia no evaluable'. 'En todo caso', añaden, 'la situación de los profesores de religión católica en la enseñanza pública es inadmisible, porque no se les respetan los derechos fundamentales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, hasta tal punto que, siendo trabajadores contratados y pagados por el Estado, pueden perder el empleo sin requisito alguno y por la voluntad unilateral de un obispo, sin audiencia al interesado y sin indemnización alguna'.

En los debates previos a estas conclusiones participaron Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiastico del Estado; Amparo Valcarce, diputada del PSOE; Juan López Martínez, inspector de Educación; Luis Gómez Llorente, catedrático de Filosofía; Eulalia Vaquero, presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA; Victorino Mayoral, presidente de la Liga de la Educación y de la Cultura Popular; Luis Guridi, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión; José Ignacio Ferreras, escritor; José Luis Corzo, teólogo, y Rogelio Blanco, escritor.

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