El Congreso exige responsables

El Congreso está decido a meter en vereda a las auditoras. Los congresistas, que en 2000 se opusieron a las reformas planteadas por Arthur Levitt, barajan hoy múltiples ideas, tras escuchar declaraciones de expertos en los comités parlamentarios, para regular por ley su actividad. Los auditores tiemblan ante lo que consideran injerencias políticas abocadas a degradar la calidad de sus servicios.

Algunas propuestas quieren que las auditoras financien el nuevo organismo que se cree para el control de sus actividades

Los congresistas creen que las auditoras están más pendientes de engordar sus propias cuentas que de controlar las de sus clientes

'La profesión asegura que mediante sus varias organizaciones logra una autorregulación efectiva. Tras haber analizado cuidadosamente esta proclama, puedo decir que es falsa', declaró recientemente ante el Comité Bancario del Senado Bevis Longstreth, un antiguo directivo de la SEC (Comisión del Mercado de Valores). 'Tenemos que conseguir un cambio de actitud en la cúpula de la profesión contable y conseguir que vea cuáles son sus responsabilidades', subrayaba Paul Sarbanes, presidente del comité, quien se dijo convencido de que el sector de las auditoras se enfrenta a cambios significativos.

Los congresistas creen que los auditores están tan pendientes de la propia cuenta de resultados -y de cómo aumentarla, estando a buenas con los clientes y ofreciéndoles incesantemente nuevos servicios- que han perdido de vista que su razón de ser es velar por la exactitud y fidelidad de los números que las empresas presentan a los accionistas.

Enron es el último y más espectacular fallo de una auditora, que se defiende diciendo que la empresa le ocultó información. Andersen desconfiaba de los sistemas contables de la compañía tejana, pero prefirió seguir adelante porque el millón de dólares a la semana que le reportaba su segundo cliente iba a doblarse en cuestión de pocos años. La propia Andersen pagó en 1999 una indemnización de 220 millones de dólares a los accionistas de Waste Management tras descubrirse que había aprobado los balances aun sabiendo que la compañía había incluido más de mil millones de ingresos inexistentes. La SEC impuso siete millones de multa a la auditora, que se negó a reconocer su mal trabajo. Ha habido más indemnizaciones, pagadas también por las otras grandes. La mayor fue de 335 millones, con los que se compensó a los accionistas de Cendant, un grupo de viajes y propiedades inmobiliarias auditado por Ernst&Young.

Propuestas extremas

Ante esta traca de fallos, la propuesta legislativa más extrema pide que el Gobierno se haga cargo de las auditorías de la empresas que cotizan en Bolsa, que deberían pagar por el escrutinio de sus cuentas, y deje para las auditoras las sociedades de propiedad privada. Otros planes son más matizados y discrepan en cuestión de detalle a partir de la idea básica de crear un organismo que controle a las auditoras en serio. También está generalizada la idea de separar auditoría de consultoría y se abre paso el plan de limitar el periodo en que un auditor puede servir a una compañía.

El Instituto Americano de Contables Públicos (AICPA, que mira mucho por los intereses de la auditoras) se ha aliado con los cuatro grandes (Andersen dice que esta batalla no es la suya) para enviar cartas a 3.000 de sus miembros con acceso a los congresistas. La misiva les pide que hagan ver a los legisladores la inconveniencia de excederse en los controles que plantean. Sarbanes mostró la carta con cierta satisfacción: 'Es interesante ver cómo suenan estas alarmas'.