Patada a Andersen en el trasero de las auditoras

El procesamiento de Andersen en EE UU es señal de la inevitable reforma del planeta de las auditoras, hasta ahora acomodado en un régimen de autorregulación. Ahora, un clamor de voces exige medidas serias para auditar a los auditores, que se carcajeaban del organismo dedicado a su control, el Public Oversight Board (POB), que se autodisuelve tras 25 años de existencia.

George Bush ha avalado la idea de que se prohíba a los auditores proporcionar otros servicios a las compañías que auditan

Las autoridades creen que hay que imponer un mayor control sobre la actividad de las auditoras para proteger a los inversores y al público

Las carcajadas no han estado ausentes del histórico drama del derrumbamiento de Enron, el año pasado séptima compañía de Estados Unidos, y su venerable auditor, Andersen, durante décadas tenido por el más exigente valedor del rigor contable. Hace unos días, el presidente George Bush contaba un chiste en el desprevenido relajo de una cena. 'Acabo de recibir un mensaje de Sadam Husein', anunció el presidente, 'y tengo que darles dos noticias, una buena y una mala. La buena es que acepta que se contabilicen sus armas nucleares, biológicas y químicas. La mala es que quiere que lo haga Arthur Andersen'.

La risas con que fue acogida la ocurrencia eran la otra cara de la moneda también mostrada por Bush hace dos semanas, cuando presentó un decálogo de propuestas para dificultar la repetición de casos como los de Enron/Andersen. Entre otras medidas, el presidente abogó por la introducción de cambios en el sistema de auditorías, con la creación de un organismo regulador independiente que tutele a los controladores, investigue abusos y pueda sancionar las violaciones de letra y espíritu de su función.

Bush también avaló la idea de que se prohíba a los auditores proporcionar otros servicios a las compañías que auditan, para así no comprometer la independencia del auditor.

El presidente, gran beneficiario de las donaciones a sus campañas por parte de Enron y Andersen, es la figura más prominente de las que se han alzado para reclamar cambios, todas con la común idea de crear un organismo de control al que las auditoras no puedan ningunear. En una palabra, algo muy distinto al Public Oversight Board (POB, Consejo de Control Público).

Una pobre autorregulación

El POB nació hace 25 años, por orden del Congreso, de un acuerdo entre el Instituto Americano de Contables Públicos (AICPA, una organización colegial con 330.000 miembros, que defiende con celo los intereses de las auditoras) y la SEC, organismo público equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La misión del POB era la de controlar a las compañías auditoras y velar por la fidelidad de las auditorías contables.

Las auditoras gozan de un extremo régimen de autorregulación en Estados Unidos y aceptaban las ideas que proponía este consejo, al que ellas en parte financiaban, en la medida en que fueran en el propio interés. En los dos últimos años, la relación cambió radicalmente, a raíz de que el POB empezara a explorar si las auditoras debían de dejar de prestar simultáneamente servicios de consultoría a sus clientes. Era una intervención en respuesta a una idea planteada por Arthur Levitt, el anterior presidente de la SEC, que fue respondida a cañonazos por las afectadas. Las cinco grandes (PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young y Andersen) cortaron el grifo financiero al POB y se negaron a tratar con el consejo mientras no renunciara a su loca idea. Levitt tuvo que renunciar a sus planes de reforma a instancias del Congreso, y así cayeron también las pesquisas del POB.

Controles fracasados

El POB también ha intentado sin gran fortuna que los cinco grandes pusieran en práctica estrictos controles internos tras descubrirse casos de auditores de PricewaterhouseCoopers que eran accionistas de las firmas que auditaban. A finales del año pasado, un responsable del POB acordó una cita en un despacho de abogados con representantes de los cinco grandes. Tras una hora de espera, llamó a las auditoras y entonces se enteró que la otra parte había cancelado la visita sin comunicarlo al POB o a los abogados. Para los cinco grandes, los planes del POB eran excesivos y ponían en peligro información confidencial.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Charles Bowsher, presidente del POB, se vertió el pasado 17 de enero, cuando el nuevo presidente de la SEC, Harvey Pitt, anunció a bombo y platillo, en conferencia de prensa televisada a todo el país, que se proponía crear un nuevo organismo que controlara a las auditoras, luego bautizado como Public Accountability Board (PAB, Consejo de Responsabilidad Pública).

Bowsher dice que Pitt no le consultó y que se enteró del plan una o dos horas antes de hacerse público. Otros miembros del POB lo supieron poco antes de que Pitt lo anunciara al país. Aquello resultó una afrenta intolerable. El POB se había convertido en un cero a la izquierda y Bowsher tiró la toalla. El próximo 31 de marzo, decidió, el POB sería historia.

Pero Bowsher no se va en silencio. 'Si queremos proteger a inversores y público, hay que reemplazar el viejo sistema de autorregulación que emplea el sector', ha dicho esta semana ante el Comité Bancario del Senado, uno de los 11 del Congreso que escrutan la crisis Enron/Andersen. 'Hay que oponerse a quienes desean mantener el statu quo e ir hacia delante con cambios fundamentales'. Bowsher sabe de lo que está hablando y presentó su receta para combatir el mal ante un auditorio senatorial que le respeta.

El penúltimo proyecto

El presidente del a punto de morir POB propuso a los senadores la creación por ley de un Independent Institute of Accountancy (IIA, Instituto Independiente de Contabilidad), que él concibe como un ente privado, independiente de la industria y financiado por todas las compañías que cotizan en Wall Street a razón de 100 millones de dólares anuales.

El instituto deberá controlar los procedimientos contables, inspeccionar a las auditoras y sancionar a los auditores que violen la ley con un abanico que va de las multas a la expulsión de la profesión.

El IIA podría también elevar pruebas de conducta impropia a la SEC o al Departamento de Justicia. Hasta que no se ha producido el procesamiento de Andersen, Justicia no había intervenido ante las auditoras y la SEC apenas había puesto unas multas en pasadas actuaciones discutibles.

La cúpula rectora del IIA pensado por Bowsher estaría formada por siete miembros elegidos por una troika de superlujo: el presidente de la SEC, el presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro. Un cuerpo directivo muy distinto del ideado por Pitt para su organismo de control, que tendría siete miembros de fuera del mundo de las auditorías junto a otros seis allegados por cada una de la cinco grandes más el AICPA.

Bowsher define la propuesta de Pitt como un 'compromiso negociado' entre la SEC y las auditoras que le quitará mordiente al no desprenderse por completo de la férula de la industria.

Pitt niega que el Consejo de Responsabilidad Pública vaya a ver hipotecada su independencia por contar con miembros del sector de la auditorías. El PAB será presidido por una persona de fuera de ese mundo, aunque será financiado en parte por las auditoras. Pitt propone que el futuro organismo pueda revocar la capacidad de presentar cuentas ante la SEC a una firma o a un auditor que se hayan mostrado negligentes. También podría el PAB obligar a una sociedad que cotiza en el mercado bursátil a cambiar de auditor.