Schröder logra aprobar la ley de inmigración con un voto dudoso en la Cámara alta

El Gobierno alemán sacó adelante ayer de la peor manera posible, con un procedimiento tal vez inconstitucional y con el mínimo margen de aprobación posible en la Cámara alta del Parlamento (Bundesrat), una ley de inmigración que modifica sustancialmente la entrada de extranjeros al país. La pírrica victoria fue posible gracias a que los cuatro votos correspondientes al Estado federado de Brandeburgo fueron favorables al proyecto gubernamental, pese a que este Estado, donde gobierna una gran coalición entre socialdemócratas y democristianos, estaba dividido al respecto.

La indignada oposición democristiana (CDU/CSU) anunció una demanda constitucional. Cuando falta exactamente medio año para las elecciones fede-rales del 22 de septiembre, el tumultuoso debate convierte a la inmigración en uno de los temas centrales de la campaña electoral y podría desembocar incluso en una crisis constitucional.

La sesión en el Bundesrat, donde toman asiento 69 representantes de los länder (Estados federados) alemanes y donde la coalición entre socialdemócratas (SPD) y Verdes que gobierna en Berlín no cuenta con una mayoría propia, fue de un suspense casi cinematográfico. De entrada, se sabía que los Gobiernos regionales controlados por la Unión Cristiana Democrática (CDU) y su hermana bávara, la Unión Social Cristiana (CSU), votarían en contra de una ley, ya aprobada por la Cámara baja del Parlamento (Bundestag) que, en su opinión, no restringe suficientemente la entrada de extranjeros al país.

La pregunta, sin embargo, era qué es lo que sucedería con Brandeburgo, el único land gobernado por socialdemócratas (SPD) y conservadores (CDU) en una gran coalición. Sin los cuatro votos de Brandeburgo, el proyecto estaba condenado ya sea al fracaso definitivo o, como pretendía la oposición, a ser discutido una vez más por una Comisión de mediación entre ambas Cámaras del Parlamento. Esta última opción, sin embargo, era rechazada por el Gobierno y, sobre todo, por su socio menor, Los Verdes, contrarios a permitir nuevas concesiones a los conservadores.

Al final, tras el enésimo intercambio de argumentos sobre las minucias del proyecto, los socialdemócratas (SPD) optaron por un truco de procedimiento cuyo único antecedente es el de una votación en 1949. Pese a que el ministro del Interior de Brandeburgo, el visiblemente afectado Jörg Schönbohm, durante el debate había dejado en claro su rechazo, el presidente rotativo del Bundesrat y alcalde socialdemócrata de Berlín, Klaus Wowereit, concedió la última palabra en este asunto al primer ministro de este estado, el también socialdemócrata Manfred Stolpe. Éste votó a favor, por lo que Wowereit, pese a los gritos de reprobación de los conservadores, dio por aprobado el proyecto, por 35 votos contra 34 de la oposición.

La decisión de Wowereit es sumamente problemática, como también saben los líderes socialdemócratas, a quienes no se les notó nada victoriosos en sus posteriores comparecencias ante la prensa. El artículo 51, párrafo 3º de la Constitución alemana prevé que los votos de un Estado federado no se pueden dividir en el Bundesrat. Esto siempre se ha interpretado como una recomendación de abstención en el caso de que el Gobierno de un Estado federado no logre ponerse de acuerdo, tal como ocurre en Brandeburgo.

En sus consecuencias prácticas, esta disposición es uno de los principales mecanismos del sistema político alemán, en el que los partidos gubernamentales rara vez cuentan con mayorías en las dos Cámaras, Bundestag y Bundesrat. Esto obliga con frecuencia al Gobierno, mayoritario en el Bundestag, a pactar sus proyectos de ley con la oposición cuando ésta cuenta con mayoría en la Cámara alta (Bundesrat) tal como ocurre ahora.

Ante este trasfondo, el primer ministro bávaro y candidato democristiano (CDU/CSU) a la cancillería, Edmund Stoiber, arremetió ayer contra 'un escándalo constitucional' y anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional, en el caso de que el presidente de la República, el socialdemócrata Johannes Rau, valide la ley con su firma. El canciller, Gerhard Schröder (SPD), dio por buena la decisión, sobre la que, a su parecer, no pende ninguna 'sombra'. No obstante, fue evidente que el canciller intentó lavarse las manos al afirmar que Wowereit fue autónomo en sus decisiones. Desde hace semanas, el desenlace en el Bundesrat había sido interpretado como el primer gran pulso entre Schröder, cuya coalición rojiverde está cayendo en picado en los sondeos, y Stoiber, quien, al menos antes de presentar propuestas electorales concretas, experimenta un fuerte ascenso.

La victoria lograda por el canciller, sin embargo, podría resultar pírrica debido no sólo a la dudosa manera en la que se logró, sino también por sus posibles efectos adversos en la campaña electoral. Stoiber dejó pocas dudas ayer de que de ahora en adelante convertirá la inmigración en su segundo tema de bandera, al lado de la economía, y anunció que revertiría la ley en caso de llegar al Gobierno. Según algunos sondeos, la opinión de la población está dividida por partes iguales en este asunto, pero los estrategas conservadores confían en que el temor a una supuesta llegada masiva de extranjeros podría movilizar a su favor al electorado.