Fósiles arrasados

Los yacimientos de la cañada de Bernarda, en la población alicantina de Rojales, están documentado desde principios del siglo XX, cuando el catedrático de Instituto Daniel Jiménez de Cisneros descubrió fósiles de gran relevancia en 1908, sobre todo mamíferos marinos, especie apenas estudiada en el mundo. El departamento de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura tiene catalogados dichos yacimientos, integrados en la Carta Paleontológica de la Comunidad Valenciana. También está localizado y documentado el yacimiento palentológico ubicado en una antigua cantera de la población valenciana de Olocau desde los años setenta, cuando que se hallaron fósiles, muy raros por escasos, como un ejemplar de rana o los formados por antiquísimas hojas. Descubrimientos que se inventariaron en la Carta Paleontológica referida.

Sin embargo, todo este patrimonio paleontológico valenciano está en grave peligro o, simplemente, ha sido ya destruido de manera inexorable. En ambos casos, la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, promulgada en junio de 1998, no ha servido para nada. Papel mojado que en ningún caso ha impedido que los yacimientos de Rojales y el de Olocau formen parte, respectivamente, de una nueva urbanización de chalets y de un vertedero, sin tener constancia de las preceptivas investigaciones y estudios realizados por especialistas en la materia. En Olocau se realizó una excavación de urgencia de sólo tres días, con lo que no ha habido suficiente tiempo para registrar las valiosas piezas.

Esta situación, que ha sido denunciada con anterioridad, ha llevado a la Universidad de Valencia, a través del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, a presentar una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio Artístico y ante el Consell Valencià de Cultura con el fin de dar a conocer los hechos e iniciar una investigación.

No era para menos. Con motivo de una visita a uno de los yacimientos de Rojales, donde la Universidad de Valencia tenía previsto excavar, se observó con 'estupor' que varios de los lugares catalogados han sido urbanizados, 'sin que se tenga conocimiento de que se hayan realizado prospecciones, estudio ni excavación de estos niveles', según señala la denuncia sustanciada por el catedrático de Paleontología Miquel de Renzi. En el escrito se describen con detalle y con la correespondiente documentación gráfica los graves deterioros que llegan incluso a la destrucción. Se constata que la 'enorme presión urbanística de la zona no se ve acompañada de un control sistemático'; y se recuerda que los yacimientos contienen la mayor 'concentración conocida en cuanto a mamíferos de toda la Comunidad Valenciana'.

Anunciada como un instrumento básico destinado principalmente a la protección y conservación de los bienes artísticos y culturales, la Ley de Patrimonio, en su artículo 62, dice: 'Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de protección arqueológicas o paleontológicas, así como en general en todos aquellos que se presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos o palentológicos de interés relevante, el promotor de las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos de las obras proyectadas pudieren causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente'. La ley añade que un 'técnico arqueólogo o paleontólogo designado por la propia consejería' deberá supervisar las actuaciones.

Miquel de Renzi y su compañero en el Instituto Cavanilles, Joaquín Ricardo Sendra, que ha trabajado en los yacimientos de Rojales, subrayan el problema añadido de que la consejería no cuenta con un técnico capacitado en la materia, un especialista paleontólogo. Sendra agrega que las investigaciones paleontológicas, previas a una urbanización, deben ser asumidas al igual que las actuaciones arqueológicas, al tiempo que asegura que la demora en el inicio de las obras no es significativa. 'Sólo queremos sacar las piezas para estudio', apostilla.