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Editorial:

Movilidad con reparos

El modelo actual de subsidio de desempleo se ha citado con frecuencia como uno de los motivos que explican el mantenimiento de una tasa de paro estructural en España. La evidencia de que existen severas diferencias regionales en la tasa de desempleo refuerza, además, la tesis de que la falta de movilidad en el empleo explica parte de ese paro. El Ministerio de Economía se dispone a promulgar una reforma de las prestaciones por desempleo que pretende incentivar a quienes perciben el subsidio de desempleo para que acepten los trabajos que se les ofrezcan.

El estímulo consistiría en mantener parte de la prestación a los mayores de 45 años que tomen empleos en los que resulten perjudicados económicamente respecto a la propia prestación. Además, el Gobierno considera fórmulas para atajar el problema de la falta de movilidad, y alguna de ellas podría ser obligar a los perceptores del subsidio a que acepten empleos fuera de su región y conceder ayudas públicas para alquiler de vivienda que permitan acceder a ella a quienes deban desplazarse por esta causa.

Nada es más fácil que acertar en el diagnóstico de los males que aquejan al mercado laboral y, sin embargo, cometer errores cuando se pretende corregirlos. Éste puede ser el caso. El actual sistema de prestaciones favorece que el parado rechace las ofertas de empleo que recibe, porque le resulta con frecuencia más rentable permanecer en paro que ponerse a trabajar. Garantizar una parte de la prestación cuando el trabajo esté mal pagado, sobre todo para mayores de 45 años, puede ser una medida eficaz. Sobre todo si se complementa con otras, como la intensificación de los cursos de formación y readaptación profesional. Porque uno de los problemas es que el reciclaje laboral y profesional de los parados no ha conseguido conectar con las necesidades de las empresas, por falta de calidad o de confianza.

El tratamiento económico para favorecer la movilidad geográfica del empleo es más complejo, porque estamos ante un problema cultural. Si el Gobierno pretende que los parados de una ciudad acepten puestos en otra mediante la imposición y el subsidio parcial de alquileres, obtendrá pocos resultados. Es verdad que la vivienda es un obstáculo fundamental, pero no se trata sólo de eso. También es un problema de plazas en colegios y guarderías, de facilidad para que el cónyuge encuentre empleo en la nueva ciudad y de que las infraestructuras públicas en las ciudades españolas tengan grados similares de calidad. Cuando exista esa cultura, buena parte de la asimetría en la tasa de ocupación tenderá a desaparecer.

La reforma del seguro de desempleo es necesaria, pero no debe hacerse con precipitación. Aunque se disponga de algunas orientaciones europeas, no puede soslayarse un debate serio, con cifras contrastadas e información y opiniones transparentes. Este Gobierno no lo ha hecho así. No cabe sorprenderse de ello porque en ninguna de las reformas que ha planteado ha tenido a bien elaborar un Libro Blanco o convocar a los agentes sociales, económicos y ciudadanos para conocer sus problemas u opiniones. La reforma del subsidio es precisamente el tema menos apropiado para practicar ese autismo político en el que se siente tan cómodo el actual Gobierno.

En un asunto tan sensible como las políticas activas de empleo no basta con enunciar loables objetivos e improvisar alguna disposición suelta. Hay que afinar el panel de medidas adoptables y su coherencia, e implantar mecanismos adecuados para su aplicación y control. En este sentido, la actuación del Gobierno en el reciente Consejo Europeo de Barcelona -en este caso, como presidente de turno de la Unión- nada bueno augura como precedente con vistas a una reforma bien estructurada del subsidio de desempleo.

La cumbre esbozó dos orientaciones sensatas (red de guarderías y retraso de la jubilación), pero dentro de un marco retórico: ratificó el objetivo de pleno empleo para 2010 acordado en Lisboa sin reparar en que el ritmo de crecimiento económico necesario para conseguirlo se calculó entonces en un 3% anual, que no se cumple. Y sin tener en cuenta que en 2010 habrán ingresado al menos diez de los países candidatos, cuyo desempleo se está disparando en millones de personas por efecto de la reconversión de sus retrasadas economías. La eventual excusa de que el objetivo se circunscribiría a los Quince es insostenible: en lo que parece ser lo único que cuenta, el presupuesto, las partidas para los aspirantes están ya perfectamente definidas desde los acuerdos de Berlín. Así, airear objetivos encomiables sin sustanciar la manera de alcanzarlos es jugar con fuego: genera expectativas que acaban en frustración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de marzo de 2002