Bruselas investiga el impago de pensiones en Francia a 5.000 emigrantes españoles

La Comisión Europea anunció ayer que va a investigar por qué Francia no paga a 5.000 emigrantes españoles ya jubilados las pensiones suplementarias que les corresponden. A los afectados, que ahora viven en España, les ampara un derecho de 'exportabilidad' de pensiones.

En Francia, los trabajadores tienen derecho a una pensión suplementaria que les redondea el montante percibido hasta un máximo de 7.000 euros anuales en caso de una sola persona, y hasta 12.250 euros en caso de parejas. Son cantidades inferiores a las que se perciben en España, por lo cual, miles de emigrantes reclaman dicha pensión, a la que tienen derecho los antiguos residentes en Francia fueran o no contribuyentes.

El eurodiputado español del PP Manuel Pérez Álvarez es el que ha llevado hasta la Comisión Europea la protesta de esos 5.000 emigrantes jubilados que reclaman sus derechos y que, todavía hoy, no han hallado respuesta por parte de la Administración francesa, que ha ido reconociendo a otros jubilados este derecho a cuentagotas y alega problemas de carácter técnico. 'Se trata de gente mayor que tiene el riesgo de no llegar a disfrutar nunca de este derecho', dice Pérez Álvarez.

La mayor parte de los peticionarios (2.630) proceden de Andalucía. Le siguen los de Castilla y León (1.267) y la Comunidad Valenciana (1.184).

El derecho a percibir una pensión suplementaria viene dado por un reglamento de 1972 que permitía la exportación de pensiones. Francia, sin embargo, ha tendido a otorgar tal derecho sólo a los jubilados que se quedan a vivir en aquel país. Sólo una minoría de los jubilados españoles que presentaron demanda (un total de 9.000) ha recibido respuesta. El Consejo Europeo acordó en 1992 terminar con este derecho; una decisión que no tiene carácter retroactivo. Ahora, sin embargo, la UE viene manifestándose a favor de una cierta armonización de los sistemas de seguridad social y de derechos sociales. El último pronunciamiento a favor se halla en el documento de la cumbre de Barcelona: 'Hay que mejorar la transferencia de los derechos sociales, que incluyen las pensiones, a lo largo de la UE'.