Los disidentes del PP de Orihuela dicen que el caso de las monjas es la punta del iceberg

Los cinco ex concejales del PP expulsados de esta formación en 1998 tras airear varios casos de corrupción en Orihuela -entre otros la malversación por la que Luis Fernando Cartagena ha sido condenado- aseguraron ayer que los ocho millones que se llevó el ex consejero del Ayuntamiento de Orihuela no son más más que la punta de un iceberg. A modo de ejemplo de otras actuaciones 'irregulares', los ediles denunciaron la construcción del parque Juan García en Orihuela, para el que se facturó un montante de 1.020 millones de pesetas a pesar de que el valor de esta obra no alcanza siquiera los 200'. Estas obras se aprobaron y licitaron con carácter de emergencia, ya que se justificaron por los daños que ocasionó una riada, y disponían de un presupuesto inicial cercano a los 600 millones de pesetas. En 1997, siendo consejero de Obras Públicas, Cartagena declaró las obras de emergencia y las adjudicó a la empresa oriolana Doalco. La irregularidad estriba, para los ediles disidentes, en el hecho de que 'Cartagena utilizara la coincidencia de la riada, que provocó un pequeño hundimiento junto a un puente, para autorizar una obra de emergencia de 600 millones que finalmente se disparó hasta más de mil', explica Miguel Ángel Robles, uno de los ediles críticos.

'Zaplana lo sabía'

Por otro lado, aseguraron que Eduardo Zaplana y todo su entorno 'estaban informados de las corruptelas del ex consejero y, sin embargo, las consintieron'. Los ediles comparecieron ayer públicamente para exigir la dimisión inmediata del presidente de la Generalitat, a quien acusan de haber amparado con su actitud las infracciones que cometió el ex consejero. 'Zaplana carece de legitimidad para seguir al frente del PP en la Comunidad, ya que disponía de información puntual de todo lo que ocurría en el Ayuntamiento y no atajó el problema; todo lo contrario, fue cómplice de Cartagena', aseguró ayer Miguel Ángel Robles, uno de los ediles expulsados del PP.

Los detalles de las 'corrupciones' que progresivamente iban advirtiendo 'eran transmitidos a Zaplana' a través de varios conductos: su suegro, el entonces senador Miguel Barceló, el diputado regional del PP Rafael Maluenda y el actual secretario general del PP, Juan Manuel Cabot. Miguel Ángel Robles y Jesús Ferrández (otro de los ediles apartados del PP) aseguraron ayer que mantenían conversaciones periódicas con éstas y otras personas del entorno de Zaplana, a quienes remitieron una extensa documentación sobre las anomalías que encontraron a lo largo de su investigación.

Por su parte, el portavoz del PSPV en las Cortes, Andrés Perelló, dijo ayer que 'intentar reducir el caso Cartagena a una cuestión puramente municipal [como ha hecho el PP] es una falta de respeto al Parlamento y a la opinión pública.