Predicar no es dar trigo

En estos tiempos de guerra parece que el Presidente del gobierno y sus lugartenientes han encontrado un oponente al que combatir pues hay que ver con qué diligencia se afanan en la demolición del sistema educativo. Pudiera parecer que no es enemigo pequeño a la vista del ingente número de personas que forman parte de él. Pero, como las panzerdivisionen, con los presupuestos en la mano y la televisión por montera, han decidido hacer 'tabula rasa' con el pretérito imperfecto y regresar a un futuro anterior que algunos de ellos vivieron gloriosamente y cuyo orden, o mejor su jerarquía, echaban de menos insoportablemente. Cada uno en su sitio.

Así es que sin debate, sin negociación, pasando por encima de competencias autonómicas, estos sedicentes herederos de Cánovas, (un político bien poco centrista, para quien el sufragio universal era una idea perturbadora del orden social) han desplegado una campaña que por la manera de producir las noticias y lanzar globos sonda parece dirigida por publicistas antes que por responsables educativos.

Tal vez es que esta sea la manera como entienden que se debe desarrollar la política educativa. Pero seguro que no es un buen arreglo el dictado de medidas impuestas con talante presuntuoso y autoritario. Es evidente que prefieren la lección magistral a la clase participativa, si bien esta es una opción que debe ir respaldada por cierta autoridad intelectual y de eso andan bastante ayunos. No hay referentes teóricos contemporáneos que respalden sus propuestas de modificación de currículos. No hay fundamentación estadística consistente que avale los cambios que pretenden, pues incluso esto requeriría la colaboración de las comunidades autónomas y 'esa es gente provinciana que no tiene visión de estado'.

Si se quieren acometer reformas, y nadie niega que hagan falta, alguien tendría que hacer primero una evaluación del sistema cuya credibilidad sea admitida por la mayoría de sectores de la comunidad escolar. Pero esto es perder tiempo cuando se trata de satisfacer intereses particulares o de ser demagógicamente eficaces.

Un ejemplo lo tenemos en la lectura parcial y sesgada que han hecho del Informe de la OCDE sobre evaluación del rendimiento de los estudiantes que llegan al final de la educación obligatoria y que mide si tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para su participación plena en la sociedad además de sus actitudes y la forma como abordan el aprendizaje. Las áreas evaluadas han sido las habilidades de lecto-escritura y los conocimientos científico-matemáticos y el Informe revela que el rendimiento en España está por debajo del promedio de la OCDE no porque existan más estudiantes con un rendimiento bajo sino porque son menos los que alcanzan un nivel alto de rendimiento. Sin embargo, si prescindimos de los resultados de los mejores y de los peores (un 20%) resulta que el 80% restante nos sitúa en tercer lugar.

Obviamente, lo importante es tener niveles altos en promedio, como Finlandia o Japón y no grandes diferencias entre los más altos y los más bajos, con un promedio menor, como en Bélgica o Alemania, modelo este último que separa los tipos de escuela y de programas a una edad temprana y que parece ser el espejo en el que se mira el gobierno español para el diseño de los itinerarios en el segundo ciclo de la ESO.

El Informe justifica los resultados españoles en razón de la deficiente formación de la población adulta española y de los niveles actuales de inversión en educación. Sin embargo permite extraer conclusiones muy positivas respecto de la capacidad de la actual estructura del sistema para compensar las desigualdades de los alumnos según el nivel socio-económico de sus familias, para integrar alumnos de procedencias diversas y para limitar la incidencia de los distintos tipos de escuela en las posibilidades de mejora y progreso de los alumnos. En estos aspectos España se sitúa en el grupo de cabeza junto a algunos países escandinavos. Todo ello, teniendo en cuenta que venimos de la noche oscura y que gastamos menos en educación. En resumen, que no estamos bien pero tampoco en un escenario de abyección como el que el Gobierno proyecta, olvidándose de sus responsabilidades durante los últimos seis años y de que las leyes están para cumplirlas.

Es cierto que la todavía vigente legislación educativa no universitaria nació con un pecado original, la ausencia de financiación, cuyos responsables tienen nombre y filiación política. Pero con el esfuerzo de muchos, especialmente profesores, se está intentando conseguir una escuela integradora, que trata de formar a la mayoría y también a las minorías. Todos los alumnos no pueden aprender de la misma manera. La LOGSE plantea procedimientos para satisfacer las diversas necesidades sin por ello establecer prácticas segregacionistas irreversibles. Claro que esto vale dinero. Porque además de profesores y programas de formación continua hacen falta otros especialistas en temas que van de la asistencia social a terapias clínicas.

Conclusión inmediata: La educación no es lo que era porque las necesidades de formación de los jóvenes son otras que las de hace veinte o treinta años. Un par de ejemplos que todo el mundo entiende bastan para demostrarlo. En primer lugar porque toda la población está escolarizada (¡eso faltaría!). Pero, además, ¿se han fijado en la cantidad de actividades que los jóvenes realizan una vez concluida su jornada escolar? La mayoría son formación complementaria de la recibida en el centro educativo. Sólo un matiz: hay quienes pueden pagar estas actividades, que los colegios concertados cobran a parte, y quienes, careciendo de recursos, podrían realizarlas en la escuela pública, gratuitamente. ¿Acaso no sería un indicador de calidad?

Solución barata (conceptual y económicamente) del Gobierno: la variedad de alumnos se reduce a dos categorías, listos y tontos. Demos a los primeros 'la enseñanza de siempre' y los que no valen que aprendan un oficio. Así, sin fisuras. Esto permitirá a los centros privados/concertados seguir formando a las élites, como manda la tradición. ¿O es que alguien se cree que el colegio de la orden tal y cual o ese de nombre anglófono va a uniformar a un joven cuyo padre no haga declaración de renta o que sea un poco subido de color? Y de paso degradamos, nuevamente, la formación profesional, como si estuviésemos sobrados de calidad. ¡Qué visión de futuro!

Cada vez parece más claro que el plan del Gobierno es convertir la red de centros de titularidad pública en casas de beneficencia, convenientemente infradotadas, para acoger (formar empieza a ser lo de menos) a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Es su manera de entender la integración. Mientras tanto, el negocio de la enseñanza concertada va viento en popa: empresas sin riesgo, sostenidas con el dinero de todos en beneficio de unos pocos, a saber, los que comulgan con su credo ideológico excluyente y pueden pagar los sobrecostes impuestos mensualmente a cambio de no mezclarse con los parias de la tierra.

Por último no olvidemos una cuestión de hondo calado social que trasciende la problemática de la escuela, merece una reflexión profunda y debiera ser un reto para gobernantes de verdadera talla política. No se puede descargar en el colegio o en el instituto la solución de problemas que competen a los padres o a otras instituciones sociales. Por tanto además de articular medidas asistenciales para cubrir necesidades de atención a los jóvenes, habría que promover la firma de un compromiso entre el centro escolar y los padres en el que, en el momento de inscribir al alumno, supieran cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, de las que no pueden hacer dejación ni conculcar. No sólo se educa en la escuela así es que los padres no pueden pretender que los profesores les sustituyan.

Pascual Masià es profesor en el I.E.S. Sanchis Guarner de Silla.