La educación infantil hasta 3 años queda fuera de la red definitiva de centros prevista para el 2003

La incorporación de los niños a la educación, desde sus primeros meses hasta los 3 años, -un factor que el Gobierno de Aznar reconoce clave para revertir el retraso de la mujer en el mercado laboral- no parece haber hecho mella en la Administración educativa. El documento final de Educación sobre la planificación de plazas en colegios y su adscripción a los institutos de zona, que incluye por primera vez las construcciones que estarán listas en 2003, obvia la oferta del primer nivel de infantil en sintonía con la política anticipada por el ministerio en su Ley de Calidad. Un 20% de colegios públicos tampoco tendrá preescolar, sobre todo en las grandes ciudades, donde se expanden los conciertos privados.

La documentación entregada la semana pasada por el director general de Centros, Herminio García, a todos los agentes educativos, que contiene la propuesta final de planificación escolar por plazas, aulas/unidades y sus respectivas adscripciones a los institutos de zona para el próximo curso 2002-2003 y para el siguiente 2003-2004, excluye de las previsiones de organización al segmento que sindicatos y padres consideran clave para la integración social: la previsión de plazas escolares de 0 a 3 años. También reduce considerablemente las expectativas de generalización de este tramo de enseñanza suscitadas en 1997 por la Administración valenciana con la firma del Acuerdo de Plantillas alcanzado con todos los sindicatos, excepto CC OO, que en su momento ya lo rechazó por considerar que estaba falto de credibilidad.

Un estudio detenido del documento elaborado ahora por la Consejería de Educación establece por primera vez la 'red final' de colegios de primaria y las plazas que les corresponden en institutos de zona, con la intención de para garantizar la 'continuidad' educativa en la Secundaria. Esta decisión supone en sí misma un paso atrás en la intención anunciada precisamente en 1997 por el anterior consejero, Francisco Camps, de abrir la 'libertad de elección' de centro a la doble red pública y privada, que fue muy criticado por suponer 'una privatización encubierta', que está recurrida en los tribunales.

Sin embargo, la planificación actual del Consell no logra revertir el incremento exponencial de la financiación a la red privada impulsado por Camps y heredado por el actual consejero Manuel Tarancón, que supuso un adelanto en toda España de la 'generalización de los conciertos educativos en el segundo ciclo de la enseñanza infantil, de 3 a 6 años', en mayo de 2000. Ahora pretende lo mismo el Ministerio de Educación con su reforma educativa.

La planificación actual se ha hecho, pues, en base a esta política que supone un coste anual para la Administración valenciana superior a los 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas, según el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) para financiar 295 guarderías, jardines de infancia y centros religiosos, prácticamente la totalidad de los centros escolares privados y concertados de la Comunidad Valenciana, que representan el 50% de la matrícula.

En este contexto, las previsiones elaboradas por la consejería hacen que en las grandes ciudades como Valencia y Alicante, el 20% de colegios públicos no tenga en los próximos cursos ni tan siquiera una previsión de oferta de plazas del segundo ciclo de infantil en barrios o distritos demográficamente muy poblados y en plena expansión como son Saidia, L'Eixample, el centro histórico o Russafa.

Desvío de matrícula

El modelo seguido por la Administración valenciana es prever un aula en dos colegios de primaria en los distritos donde haya cuatro o cinco centros; o dejar sólo un grupo abierto en un colegio, en el caso de que haya sólo dos o tres colegios de primaria públicos en esa zona. El resto de colegios de zona no ofertarán plazas de 3 a 6 años. Con este modelo de organización, CC OO denuncia que lo que hace la Administración es, en la práctica, un 'desvío de matrícula' para redistribuirla entre los múltiples colegios concertados de cada barrio.

Este sistema, sin embargo, está provocando las primeras quejas, incluso antes de que se abra el proceso de matriculación, ya que pervierte la supuesta libertad de elección de centro al encontrarse los padres con un problema añadido a la falta de plazas, como es la integración de los imigrantes en un 86% en la escuela pública, lo que reduce considerablemente las posibilidades de recibir una educación laica en zonas como Russafa, según han denunciado los propios padres a este periódico, que relatan cómo los centros concertados se niegan a admitir niños inmigrantes.

El PP, sin embargo, ha vuelto a rechazar por tercera vez una proposición no de ley del PSPV para garantizar una distribución equitativa de la matrícula de niños extranjeros en centros públicos y privados, que impida la creación de guetos en la escuela.