56 millones de vidas en juego

Mañana comienza en Monterrey (México) la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Cincuenta jefes de Estado y de Gobierno (entre ellos, los presidentes Bush y Aznar) han confirmado ya su asistencia a una cumbre que fue convocada por Kofi Annan con una finalidad precisa: movilizar los fondos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes del año 2015. Dichos objetivos incluyen la reducción de la pobreza extrema a la mitad, la reducción en dos terceras partes de la mortalidad infantil y la educación primaria universal. No se trata de compromisos nuevos, llevamos años escuchando estas promesas en boca de distintos mandatarios internacionales, pero la fecha clave se acerca y nos encontramos muy lejos de su cumplimiento. De hecho, de continuar las tendencias actuales, la diferencia entre el objetivo y la realidad será de 56 millones de niños cuya muerte se podría haber evitado, 75 millones de niños y niñas cuya escolarización seguirá siendo una quimera y más de 1.000 millones de personas que seguirán tratando de sobrevivir con menos de un dólar diario. Pero las tendencias no son inamovibles. Es cierto que los recursos necesarios para cambiar este destino trágico son muy elevados, pero son fácilmente alcanzables si se cumplieran los compromisos asumidos hace años por los países del Norte. ¿Por qué a pesar de los discursos los recursos no se desembolsan y las estrategias no se aplican?

El proceso que ahora culmina puede ayudarnos a comprender un poco mejor esta situación. Cuando las delegaciones de todos los países lleguen a Monterrey se van a encontrar con una situación inédita en el funcionamiento de Naciones Unidas: la existencia de un documento previamente acordado, conocido ya como el Consenso de Monterrey, que permitirá a los altos mandatarios hacer grandes discursos sin necesidad de tener que enzarzarse en complejas negociaciones que puedan hacer sonrojarse a los más rezagados. Este hecho, entendido como un gran logro por parte de algunos de los actores implicados, ha sido alcanzado pagando un precio muy alto: el del propio contenido de los compromisos asumidos. El documento actual no aporta ni una sola garantía acerca del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio: no hay ideas, no hay compromisos y, lo que es más grave dada la finalidad de la conferencia, no incluye un solo recurso nuevo para el desarrollo.

De hecho, la reciente disputa entre los países de la UE por acordar un incremento de su Ayuda Oficial al Desarrollo, no hace sino ratificar este fracaso. La Unión, se ha visto abocada a una carrera desesperada de última hora que le permita presentarse en Monterrey con algún tipo de ofrenda con la que apaciguar los ánimos en las calles y ofrecer una imagen de actor comprometido con el desarrollo. El acuerdo alcanzado no va a asegurar el éxito de la conferencia, pero sí puede suponer un paso importante para un país como España que, a pesar del compromiso de todos los partidos políticos en 1995 de alcanzar el 0,7%, aún se encuentra entre los niveles más bajos de ayuda de la UE con un 0,22%.

Un país (o, mejor dicho, un Gobierno) que a lo largo del proceso ha parecido sentirse particularmente cómodo al abrigo norteamericano, con cuyos planteamientos intransigentes coincidía más de lo que su condición de presidencia europea le permitía expresar. En particular, se ha hecho abanderada de dos ideas que probablemente estarán también muy presentes en el discurso de Bush. Por un lado, la necesidad de que los países en desarrollo 'pongan la casa en orden' y demuestren su compromiso con la democracia y el Estado de derecho para que la ayuda pueda tener alguna efectividad. Por otro, la importancia de mejorar la calidad de la ayuda antes de centrarnos en incrementos cuantitativos. Ambos aspectos son, sin duda alguna, cruciales en la lucha contra la pobreza y han sido discutidos ampliamente los últimos años. Sin embargo, pierden buena parte de su legitimidad cuando se abusa de los mismos para bloquear cualquier incremento significativo de la ayuda y justificar que ésta no se dirija a los países más pobres. Alegar la ausencia de un Estado de derecho para dejar a su amparo a las poblaciones de los países con mayores complicaciones contribuye poco a la superación de sus problemas. Por otra parte, parece poco coherente exigir respeto por los derechos humanos y que países como China, Turquía o Indonesia hayan venido figurando sistemáticamente entre los principales receptores de nuestra ayuda.

Dejémonos, pues, de utilizar excusas para justificar lo injustificable: las vidas de 56 millones de niños y niñas están en juego, y ningún discurso, por muy razonable que sea, va a servir para salvarlas si no está acompañado de los recursos y las acciones necesarias. En Monterrey comienza la cuenta atrás.

Marta Arias es responsable de Instituciones Financieras Internacionales de Intermón.