El Ayuntamiento de Pozuelo, denunciado ante la fiscalía por arrancar 50 árboles de una zona verde

Un grupo de vecinos de Pozuelo de Alarcón ha denunciado al Ayuntamiento, del PP, por arrancar de cuajo alrededor de 50 árboles en una zona calificada como verde. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, que dirige Emilio Valerio, ha abierto diligencias y ordenado a la Guardia Civil que se desplace al lugar para verificar lo ocurrido. Los árboles fueron arrancados el pasado 15 de febrero por una máquina excavadora de la empresa Comsa, ante la impotencia de los vecinos, que se acercaron para protestar. Manuel Tabernero, concejal de Medio Ambiente, explica que los árboles se han eliminado para crear en esa zona, situada en los aledaños de la avenida de Las Bellas Artes, un circuito de seguridad vial para escolares. El edil matiza que sólo se han arrancado unos 50 de los 170 o 200 árboles que hay en ese paraje, que ocupa unos 10.000 metros cuadrados, y cuyas edades oscilaban entre 12 y 15 años. Tabernero subraya que los ejemplares arrancados se hallan en la actualidad en el vivero municipal para ser trasplantados a otras zonas. Aunque admite que el paraje en el que estaban los 50 árboles está catalogado como verde, Tabernero subraya que la idea de construir ahí el citado parque de seguridad vial es compatible con la calificación urbanística. 'Esa zona es urbanísticamente compatible con el parque de seguridad vial, según nos ha informado el arquitecto municipal', asegura Tabernero.

En su denuncia, los vecinos se quejan de la política 'antizonas verdes' que, según ellos, está practicando el Ayuntamiento. 'La política del alcalde', destacan, 'es la apropiación de zonas verdes para otros usos, como ya ha ocurrido con las zonas deportivas colindantes con el mercado, política que ha dado lugar a sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento, que éste incumple'. El fallo judicial al que aluden los vecinos es una sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dictada el 22 de septiembre, en la que ordena la 'inmediata demolición' de tres edificios públicos ubicados en el parque El Pradillo. La sentencia ha sido recurrida.