El Gobierno favorece a los municipios del PP en el reparto de los programas de formación y empleo

La distribución en Andalucía de las escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, los programas de formación e inserción laboral que constituyen la espina dorsal de las políticas activas de empleo, es muy desigual. A finales de 2001, más del 30% de los programas aprobados por el Gobierno central para la comunidad se desarrollaban en el 19% de municipios, que gobierna el PP. Por el contrario, los pueblos que tienen al PSOE al frente del gobierno local, un 60%, sólo realizan un 44% de estos programas. Las escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo se llevan cada año más de la mitad de los 240 millones de euros que el Gobierno destina a políticas activas de empleo, cuyo traspaso es insistentemente exigido por la Junta.

Las escuelas-taller, las casas de oficio y los talleres de empleo son programas mixtos destinados a personas en paro, en los que se alterna la formación especializada y la práctica laboral. En los últimos años se han convertido en el principal instrumento público para facilitar que los desempleados encuentren trabajo. En estos centros, los alumnos (entre 15 y 60 habitualmente) reciben formación profesional y también trabajan en una obra o actividad real. Las escuelas-taller y las casas de oficio están dirigidas a jóvenes sin trabajo, mientras los talleres de empleo están pensados para parados mayores de 25 años. En las primeras, los alumnos pueden recibir el salario mínimo (unos 480 euros mensuales), mientras que en los talleres el sueldo es mayor y depende de la actividad desempeñada.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo (Inem), más del 50% de los alumnos que pasan por estos centros consiguen después un trabajo. Es decir, que los Ayuntamientos que logran alguno de estos programas -también pueden solicitarlos ONG, asociaciones o fundaciones, aunque apenas lo hacen-, garantizan durante uno o dos años una formación especializadas para las personas desempleadas de su municipio, una retribución económica y, en muchas ocasiones una salida laboral.

Posibilidades

En Andalucía, hasta ahora, para solicitar uno de estos programas de formación y empleo hay que enviar un proyecto al Inem, que para aprobarlo exige 'el suficiente número de jóvenes desempleados en la zona', un plan formativo y de prácticas laborales y que 'el territorio en el que se va a desarrrollar ofrezca posibilidades de empleo para los participantes del proyecto'. De los datos recopilados por la Consejería de Empleo a partir de la página de Internet del Inem el pasado 31 de diciembre (que apenas han cambiado en la última versión de esta página), se deduce que los municipios dirigidos por el PP salen mucho mejor parados.

Según los datos de finales de 2001, los pueblos gobernados por el PP tenían en marcha, de media, 1,1 programas por municipio, mientras que en el caso de los Ayuntamientos del PSOE ese promedio baja a 0,45. Si en los municipios populares se daban un 31% de los programas aprobados por el Ejecutivo central para Andalucía (480 en esos momentos), en los socialistas se impartían un 44%. Con la diferencia de que el PP gobierna en 147 pueblos (19%) y los socialistas lo hacen en 467 (60,7%).

Los pueblos gobernados por otros partidos tienen una distribución más normal. Así, IU dirige el 11% de Ayuntamientos y esos pueblos albergan el 15% de programas; en el 4,5% de los pueblos del PA se gestionan un 5,1% de los centros. Y en las localidades gobernadas por los independientes (4,2%), se organizan el 3,2% de los programas.

En algunas provincias, la distribución de estos programas es muy extrema. Así, en Sevilla, los nueve municipios gobernados (8,5%) por el PP gestionan el 19% de los centros, mientras en los 67 del PSOE (63%) se imparten el 47% de los programas. En Almería, en los 32 pueblos dirigidos por los populares había 17 cursos; en los 59 del PSOE, cinco.

Estos programas son decididos ya por Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra, Madrid, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Baleares, La Rioja y Cantabria. Ayer, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en declaraciones a la agencia Efe, volvió a anunciar que el traspaso a Andalucía será posible 'en unas semanas' o 'algún mes'.