UGT propone que las cotizaciones sociales se consideren bien ganancial en las parejas

El 38º Congreso de UGT lanzó ayer una idea sobre pensiones inédita en España. El sindicato propone estudiar fórmulas para considerar las cotizaciones a la Seguridad Social como bienes gananciales que se reparten entre la pareja. Ello permitiría, en caso de separación o muerte, compensar al cónyuge que interrumpe su vida laboral para dedicarse al cuidado de los hijos, lo que le produce una merma cuantitativa para su futura pensión. El sindicato se compromete también a defender una reducción de las penalizaciones a quienes se jubilan anticipadamente.

La aprobación de las resoluciones del Congreso de UGT está resultando un alarde de unanimidad desconocido en las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda. Esa ausencia de discrepancias se ha extendido también a la elaboración de la lista de candidatos a la dirección. El debate no ha requerido más que un almuerzo de Cándido Méndez, líder del sindicato, con los secretarios generales de las federaciones y uniones territoriales, en el que ayer confirmó los nombres ya consensuados antes de llegar al congreso.

Méndez, que se presenta a la reelección para su tercer mandato, tiene el plácet para ampliar la ejecutiva de 11 a 13 miembros, de los que seis son mujeres. También se confirma la creación de una secretaría de integración social, desde la que Almudena Fontecha, hasta ahora secretaria confederal, refuerza su poder para potenciar las políticas dirigidas a los colectivos con más problemas en el mercado laboral: mujeres, jóvenes e inmigrantes.

La central ha contrarrestado esa ausencia de sorpresas en el desarrollo del congreso con una medida rompedora y hasta cierto punto polémica sobre pensiones. La sugerencia de UGT persigue abrir un debate que hasta ahora no se había producido en España. El modelo, vigente en países como Alemania o Suecia, consiste en considerar el derecho a la pensión como un bien ganancial del que se beneficien los dos miembros del matrimonio o la pareja de hecho. Se trata de acordar, con carácter voluntario, un reparto similar al que se aplica con la vivienda u otro tipo de bienes en caso de separación. Ese derecho también se propone para los casos de muerte de uno de los miembros de la pareja.

La cesión de cotizaciones favorece al cónyuge, o miembro de la pareja de hecho, que opta por abandonar temporalmente su carrera profesional para centrarse en el cuidado de los hijos o de otras personas dependientes. Esta compensación pretende suavizar la merma que se produce para el cálculo de la pensión, en especial para quienes tienen especiales problemas en reunir los 15 años necesarios para recibir una pensión contributiva.

Jubilación flexible

En su política de pensiones, la central trabajará también por un modelo de jubilación flexible que consolide los derechos al retiro anticipado, que a su juicio no están reconocidos en el pacto que firmaron hace un año CC OO, la patronal CEOE y el Gobierno. En concreto, UGT quiere que se rebaje la penalización que ahora se aplica a quienes se retiran antes de los 65 años y que supone un recorte de la pensión de entre el 6% y el 8% por cada año de adelanto.

La central cree necesario abrir otras vías de financiación de la protección social y en sus documentos se dice que, junto a otros agentes sociales y el Gobierno, se deben estudiar mecanismos de fiscalidad directa e indirecta para sufragar el coste de las pensiones. 'Hay que superar el debate de que los sistemas de protección social sólo deben estar vinculados a la evolución del empleo', afirma Antonio Ferrer, secretario en funciones de acción sindical.

Otro de los problemas que el sindicato coloca entre los de mayor calado social es la vivienda. Sobre todo por el impacto que su carestía tiene para la movilidad geográfica de los trabajadores. Según datos de la organización, entre 1996 y 2000 el precio de la vivienda ha subido cinco veces más que la renta familiar y ocho veces más que los salarios. Para paliar este problema, la central pide que se libere más suelo público a fin de evitar la especulación; incentivar un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, y que las administraciones públicas se impliquen más en políticas de apoyo a quienes carecen de recursos para acceder a viviendas de precios libres y, en consecuencia, no se benefician de las eventuales rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno.