La juez de Gescartera
Los jueces de la Audiencia Nacional -quizás el órgano jurisdiccional que concentra más poder en España, dadas sus competencias sobre terrorismo, narcotráfico y delincuencia económico-financiera- corren un riesgo que no tienen otros: protagonizar en algún momento el caso que llevan, pasando éste a ser el caso del juez. La juez de Gescartera, Teresa Palacios, ha sucumbido a ese riesgo, resulten o no exactas las declaraciones que se le atribuyen sobre el caso que instruye. Esa circunstancia no ha impedido que la opinión pública haya desviado por un momento su mirada del caso para centrarla en la juez. Otra cosa es que para proceder disciplinariamente el Consejo del Poder Judicial tenga que verificar antes la exactitud de lo declarado.
Si en cualquier asunto que tenga entre manos el juez está obligado, incluso por ley, a la reserva más estricta, con mayor motivo en uno como Gescartera, sospechoso de implicaciones políticas y convertido en campo de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Las declaraciones atribuidas a la juez Palacios podrían haber incurrido en dos faltas graves: revelar datos conocidos en el ejercicio de su función y dirigir a los poderes públicos felicitaciones o censuras. Tan grave o más que ese posible desvelamiento son las valoraciones personales sobre el caso que se atribuyen a la juez, de evidente carácter político, y que en su conjunto echan un capote al Gobierno y al Partido Popular, no sólo restando importancia a Gescartera en relación con Filesa, sino valorando su disposición a crear una comisión de investigación en el Parlamento.
Que un juez alabe la actuación del Gobierno deja maltrecha su imagen de independencia. Pero la cosa se agrava si lo hace tomando como punto de referencia negativa actuaciones de anteriores Gobiernos de signo político distinto. El PP ha visto de inmediato en las opiniones atribuidas a la juez Palacios un aval a su tesis sobre el caso Gescartera -una mera estafa de chiringuito financiero sin implicaciones políticas-, mientras que PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto las han valorado como una rémora para la investigación imparcial y completa del caso. Los jueces no están privados del derecho a la libertad de expresión, pero de los asuntos bajo su jurisdicción sólo pueden opinar -y no lo que se les antoje, sino lo que proceda según la ley- a través de sus autos y sentencias. No tener en cuenta esa elemental norma profesional podría llevarle a la juez Palacios a su recusación -su imparcialidad habría quedado gravemente empañada-, así como a una seria reprimenda del Consejo del Poder Judicial.
