La Ley de Calidad suprime la homologación de libros de texto

El documento base de la Ley de Calidad para la reforma educativa de Primaria y Secundaria indica en su artículo 4 que 'los libros de texto y materiales curriculares que se pongan a disposición de los alumnos no necesitarán autorización administrativa previa'. Esta decisión colisiona con el decreto de homologación que mantiene el Consell y que es considerado como un instrumento de censura por sectores educativos.

El documento base de la Ley de Calidad, de preceptiva aplicación en todo el Estado, fue presentado el pasado lunes por la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo.

Fuentes de la Consejería de Educación, que dirige Manuel Tarancón, señalaron ayer que se trata de un documento de base y, por tanto, sujeto a posibles variaciones y modificaciones. Además, subrayaron el contenido del resto del epígrafe del artículo 4 de la Ley de Calidad en el que se afirma que los libros de texto deberán respetar los principios de la Constitución y las exigencias establecidas en los decretos de enseñanzas mínimas. Sin embargo, estas dos exigencias, así como la supervisión de los libros por parte de los inspectores, no introducen ninguna novedad al respecto, ni están directamente vinculadas con el decreto de homologación.

El artículo 4 del documento base viene a unificar los dos regímenes actualmente en vigor en España, debido a que la LOGSE no indicaba nada respecto de la autorización de los libros de texto por parte de las diferentes administraciones. Por tanto la decisión era libre. La mayoría de las comunidades autónomas con competencias en educación promulgó un decreto de homolagación en la primera mitad de la década de los noventa con el fin de facilitar, ajustar y unificar los contenidos de la entonces reciente LOGSE a los libros de texto.

Pasado el periodo transitorio y cubierto el objetivo para el que fue promulgado, el decreto ha funcionado en la Comunidad Valenciana a modo de instrumento de censura o autocensura de los editores que han de obtener el visto bueno de la consejería, según han denunciado los principales sindicatos de la enseñanza y los partidos de la oposición, entre ellos el PSPV, que también reclama la derogación del decreto que aprobó cuando gobernaba en la Generalitat. Esta situación se ha detectado, por ejemplo, cuando desde la Administración autonómica se dieron consignas para que los libros de texto eliminaran cualquier referencia a la unidad lingüística del catalán y el valenciano y se rechazara el uso de determinados términos que pudieran parecer excesivamente catalanes, entre otras cuestiones. El instrumento de control era la homologación.

Recientemente, el citado decreto ha vuelto a salir a la palestra a raíz de la aprobación del decreto de mínimos de Secundaria, elaborado por la consejería de Educación, que excluye la mención a cualquier autor no valenciano en la asignatura de Valencià. Llengua i LIteratura. Los editores se enfrentar otra vez al dilema de seguir al pie de la letra dicho decreto, que ha suscitado una intensa polémica en todo el ámbito lingüístico catalán, con el fin de evitar algún obstáculo en la homolagación de sus textos. Desde la Consejería de Educación se ha insistido en que el decreto, que pretende valencianizar la educación, es de mínimos. Por tanto, a partir del mismo, las editoriales pueden añadir todos los autores que consideren conveniente. Sin embargo, desde la Mesa per l'Ensenyament en Valencià, que aglutina a numerosas entidades del mundo educativo y partidos, se reitera la necesidad de derogar el decreto.