Los Gobiernos central y vasco reanudarán la negociación sobre las transferencias

Los Gobiernos central y vasco reanudarán de manera inminente las conversaciones sobre los traspasos a Euskadi de nuevas competencias, que estaban suspendidas desde noviembre de 1999. La reciente firma del Concierto Económico permite afrontar ahora este diálogo. Fue en aquel acto, celebrado el 6 de marzo en el Ministerio de Hacienda, cuando la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, trasladó al secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, la voluntad del Gobierno vasco de hablar de los traspasos pendientes. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, ha autorizado la negociación.

Jesús Posada, titular de Administraciones Públicas, confirmó a este diario que fue informado por su secretario de Estado de que la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, iba a comunicarse con él de manera inminente para reabrir las conversaciones. Posada precisó que 'si el Gobierno vasco asume que la negociación se desarrollará por los cauces establecidos -las ponencias técnicas y la Comisión Mixta de transferencias-, propondría la fijación de un calendario negociador y la apertura de conversaciones de manera inminente'. Y añadió que las conversaciones técnicas 'se pueden materializar tras la Semana Santa'.

Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno vasco confirmaron su voluntad de reabrir las conversaciones sobre el desarrollo estatutario 'cuanto antes', una vez que ya se ha firmado el Concierto Económico, en cuya materialización ha centrado sus esfuerzos la vicelehendakaritza en los últimos meses. También indicaron que asumen 'los cauces establecidos de negociación de traspasos con el Ministerio de Administraciones Públicas; esto es, las ponencias técnicas y la Comisión Mixta de Traspasos'.

Sin embargo, ninguna de las dos partes oculta las dificultades que se presentarán para, una vez iniciada la negociación, poder cerrar acuerdos en las materias más controvertidas.

Dos años de parálisis

Las negociaciones de traspasos entre Madrid y Vitoria han estado paralizadas en lo que va de legislatura. La última transferencia al País Vasco, la concesión de la autopista A-8, la firmaron ambas Administraciones en noviembre de 1999, siendo ministro de Administraciones Públicas Angel Acebes, y cuando el PP gobernaba en mayoría minoritaria y con pacto parlamentario con los nacionalistas. Una suma de obstáculos por ambas partes ha impedido retomar el diálogo en estos dos años y medio. Por un lado, la política del Gobierno central de poner trabas al diálogo con el Ejecutivo vasco, debido al compromiso del PNV con el Pacto de Lizarra, y también la expectativa de las elecciones vascas de mayo de 2001.

Posteriormente, el Gobierno central terminó por cerrarse en banda ante la condición impuesta por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, tras su reelección en mayo de 2001, de que una comisión política de alto nivel -que encabezarían la vicelehendakari y el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy- fijara el horizonte político del Estatuto de Gernika antes de abordar los traspasos de nuevas competencias. El Ejecutivo vasco sigue sin renunciar a esta última pretensión, pero no la pone como condición para reanudar el diálogo y acepta que la negociación se lleve a través del cauce habitual con Administraciones Públicas, señalaron ayer desde la vicepresidencia vasca.

Pese a esta flexibilización en las formas, la negociación se presenta complicada y con mutuas suspicacias, como ya se reflejó en un cruce de cartas entre ambas Administraciones en el mes de octubre. Mientras el Gobierno vasco reclama 37 materias pendientes, según la lectura del Estatuto que aprobó el Parlamento vasco en 1993 en base al llamado informe Zubia, la Administración central sólo reconoce siete de ellas. Se trata de transporte marítimo, transporte mecánico por carretera, centros penitenciarios, gestión de los archivos de titularidad estatal, políticas activas de empleo, Instituto Social de la Marina y desarrollo de las funciones asignadas a la Inspección de Trabajo.

Para la Administración central, las treinta restantes competencias que reclama el Gobierno vasco son o bien 'materias de competencia exclusiva del Estado' (así las denomina) o bien 'asuntos resueltos'. Entre las primeras, las que el Gobierno del PP se resiste a ceder, figuran algunas que son clave para el Gobierno vasco, como el régimen económico de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial, el crédito oficial o, entre otras, la gestión de los aeropuertos.

Otras competencias reclamadas por el Gobierno vasco, como los hidrocarburos o los puertos de interés general, las considera la Administración central como 'asuntos resueltos'.

Un texto del Ministerio de Administraciones Públicas redactadado en octubre, que conoce el Gobierno vasco y tiene total vigencia, fija el criterio de negociación a acordar con el Ejecutivo de Vitoria y no rechaza de antemano dialogar sobre sus 37 reclamaciones. 'Mi propuesta' -señala el texto firmado por el ministro de Administraciones Públicas- 'es que analicemos conjuntamente este listado de materias [las 37 reclamaciones del Gobierno vasco] para, en un primer momento, conciliar la relación de los asuntos pendientes de traspaso'.

A continuación, Posada fija como prioridad que se retomen las negociaciones sobre aquellas materias que 'habiendo ya sido asumidas por otras comunidades autónomas se encuentran pendientes en el País Vasco', como por ejemplo, las políticas activas del Inem, y que entre ellas se incluyan 'algunas materias que no figuran en el listado [del Gobierno vasco] de 1993, pero que en opinión de esta Administración deberían ser traspasadas'.

El ministro de Administraciones Públicas admite también que en 'una segunda fase podrían abordarse otras materias en las que es previsible una distancia mayor entre nuestras posiciones, pero que en todo caso no vamos a eludir'. Se refiere a los bloques de 'asuntos resueltos' y de 'competencias exclusivas del Estado' del listado elaborado por el ministerio.