Trabajo triplicó en 2001 las multas por emplear a 'sin papeles'

La Inspección de Trabajo sancionó el pasado año con 4,74 millones de euros a las empresas valencianas por emplear a inmigrantes sin papeles. El importe total de las multas casi se triplicó, con un incremento de un 265,5% con respecto a las indemnizaciones impuestas en 2000. El intenso control de Trabajo, que en la Comunidad aumentó su actuación en un 50% frente al año precedente, permitió localizar a 907 extracomunitarios sin papeles.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería el pasado año, la actuación de la Inspección de Trabajo en las empresas de la Comunidad se intensificó en un 50% más que el año anterior -2. 938 intervenciones en 2001 en materia de extranjería frente a las 1.967, de 2000-.

El endurecimiento de las sanciones previstas en la nueva legislación no ha servido, sin embargo, para disuadir a los empresarios de contratar a inmigrantes sin documentación. Así, los datos son concluyentes: la patronal valenciana continúa con la contratación de extranjeros sin documentación regularizada, a tenor de los datos recabados durante el pasado año por el ministerio. Fruto de su actuación, Trabajo no sólo casi triplicó en 2001 el importe total de las sanciones impuestas a las mercantiles en comparación con 2000, sino que el número de sin papeles descubiertos se duplicó, con 907 inmigrantes detectados. Las multas alcanzaron en 2001 un importe total de 4,74 millones de euros, una cantidad nada desdeñable si se contrasta con los 1,30 millones de euros impuestos en 2000.

Los principales sectores que se abastecieron de la inmigración clandestina para cubrir puestos de trabajo fueron, por este orden: servicios, construcción y agricultura.

En España, la Inspección detectó a 6.813 extranjeros sin permiso de trabajo, un 61% más que en 2000, la mayoría en el sector servicios y construcción. Oposición y sindicatos culpan al Gobierno de esta situación ya que, entienden, el retraso en la resolución de los expedientes de los inmigrantes obliga al empresariado a abastecerse de mano irregular. Por ello, exigen a la Administración que simplifique los trámites burocráticos para legalizar la situación de los extracomunitarios, y atajar, en parte, la economía clandestina.

En este apartado, la actuación de la Inspección constata además que la economía sumergida continúa creciendo de manera sostenida en la Comunidad, en perjuicio de los trabajadores y del propio sistema de la Seguridad Social. El empleo irregular propicia contrataciones por debajo de las garantías y derechos legales de los trabajadores. En total, la actuación de la Inspección permitió aflorar 11.020 empleos sumergidos, una cifra ligeramente superior a la registrada en 2000, con 10.425 puestos irregulares detectados. Un alto porcentaje corresponde a empleados que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. El importe de las multas impuestas por esta práctica irregular alcanzó los 3,82 millones de euros.

Merced a la intervención de Trabajo, fue posible, por tanto, recuperar en liquidaciones de cuotas, por falta de cotización o por defecto, 64,2 millones de euros, un 13,8% más que en 2000, período en el que se recuperaron 56,42 millones de euros. La Inspección detectó, además, en la Comunidad a 392 personas que compatibilizaban indebidamente el trabajo con la percepción de una prestación por desempleo.

Fuentes del sindicato UGT han manifestado que el empleo clandestino lejos de remitir está aumentando en todos los sectores. La industria, sector que tradicionalmente se ha surtido de mano de obra clandestina, ha dejado paso, en los últimos tiempos a otros como la hostelería, la construcción y la agricultura, tal y como se ha constatado en la actuación de la Inspección.