Cajas de ciudadanía
Que la mitad del sistema financiero sea de todos plantea problemas a quienes hacen de la propiedad privada el centro de su modelo de sociedad. Que además sea eficiente y rentable despierta voracidad en quienes han hecho de la apropiación de lo público, mediante la privatización, el eje de su política.
El control sobre las cajas es clave para mucha gente. Para la banca, porque le quita un incómodo competidor. Para empresarios, porque les da acceso a un negocio provechoso. Para gobiernos autonómicos, porque les permite impulsar políticas territoriales necesarias, pero difíciles de encajar con financiación puramente privada. Para la sociedad, porque tiene a alguien que se toma en serio la bondad social y no sólo económica de ciertos proyectos.
Las cuotas participativas abren las puertas a un proceso de privatización a plazo de las cajas de ahorros, como parece proponer el PP
Sobre esa compleja realidad se está planteando la necesidad de cambiar algunas normas que rigen a las cajas. Básicamente dos: mejorar el funcionamiento de sus órganos gestores y permitirles aumentar sus recursos propios para que puedan mejorar sus servicios y seguir compitiendo con una banca en proceso de concentración. Ambas cosas se pueden hacer manteniendo su carácter jurídico o introduciendo elementos que lo cuestionen y caminen hacia una futura privatización.
El primer debate se ha simplificado en torno a la supuesta politización de las cajas como algo negativo. Dicha politización se define como presencia superior al 50% de representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos en sus consejos de administración, circunstancia que, donde se da, la han propiciado tanto gobiernos autonómicos del PSOE como del PP.
Dejo al margen el tono antidemocrático frecuente en estos ataques contra la politización, olvidando que es más criticable el que a la hora de elegir a los representantes de un parlamento autonómico en sus consejos de administración, el partido mayoritario haga valer su rodillo quedándose la parte con el todo como ha hecho el señor Zaplana en la Comunidad Valenciana.
Dejo también al margen el que hay aspectos más importantes en la mejora de la gobernabilidad de las cajas que la llamada politización, como los códigos de conducta, los mecanismos de elección de representantes, las garantías de información, etcétera.
Lo que no se puede es apoyar desde el Gobierno de la nación una reforma que limita la presencia pública al 50%, y cuando la propone el PSOE, utilizarla en beneficio partidista para desgastar a gobiernos territoriales del PSOE. Esa deslealtad imposibilita cualquier acuerdo y pone a cada uno ante sus verdaderas intenciones: mejorar la gobernabilidad de las cajas, en un caso, aun a costa de aceptar cosas discutibles, y lanzar dudas sobre dicha gobernabilidad como parte del cuestionamiento global de las cajas, en otro.
Y algo parecido ocurre con los mecanismos para reforzar los recursos propios de las cajas. Su necesidad parece evidente en el contexto de los cambios internacionales y para recuperar el equilibrio competitivo con los bancos. Esto se puede hacer sin cuestionar su naturaleza jurídica, para lo cual bastaría con reformar algunos instrumentos que hoy existen, como las participaciones preferentes, o creando uno nuevo que siendo atractivo para los inversores no altere las normas que rigen la composición de sus asambleas y consejos, como propone el PSOE; o se puede hacer mediante unas cuotas participativas que abren las puertas a un proceso de privatización a plazo de las cajas, como parece proponer el PP.
Quienes denigran la politización de las cajas, ocultando sus propios abusos, y quieren introducir cambios hacia lo privado, representan intereses distintos de quienes queremos mejorar sus mecanismos de gestión y recursos, pero sin alterar su carácter jurídico de cajas de la ciudadanía. Es decir, de todos. Ése, y no otro, es el debate.
Jordi Sevilla es responsable económico del PSOE.
