El PSOE exige a Cascos que aclare las filtraciones de datos a Correos

El PSOE pedirá la comparecencia urgente en la comisión de Infraestructuras del ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos para que explique las filtraciones de datos particulares de auditores a directivos de Correos, para amañar los resultados finales de la inspección de calidad encargada a una empresa privada. Anoche el Ministerio de Fomento aseguró, mediante una nota, que no tiene constancia de que se haya producido 'filtración o componenda alguna' para alterar los resultados de la auditoría de calidad y advierte de que, si así fuera, actuaría 'con todo rigor y usando todos los instrumentos' a su disposición.

Investigación, Planificación y Desarrollo (IPD), la consultora que en los últimos años contrata el ministerio de Fomento para medir la calidad de Correos recibió en 2000 dos contratos a dedo (procedimiento negociado sin concurrencia) de este último organismo por unos 48.200 euros, según denunció ayer el PSOE. Gerardo Torres, diputado socialista, ve sospechoso este nexo contractual entre auditor y auditado que indica una 'fluidez de trato y proximidad' en un contexto de filtración de datos confidenciales a Correos sobre fechas de los controles, envíos que han de ser evaluados e identidades de panelistas (auditores que cruzan cartas para medir tardanzas). Los contratos versan sobre 'calidad de oficinas' y 'panelistas de control internacional', título que Torres juzgó 'muy curioso'.

Este diputado socialista no sólo calificó de 'despilfarro' los más de tres millones de euros que ha gastado el Gobierno en medir la calidad de Correos. Además de las auditorías de este año y el pasado, en 2000, Correos encargó su propia auditoría de calidad a Price Waterhouse por 2,4 millones de euros que, según Torres, 'mantiene escondida porque dio unos resultados desastrosos'.

La mejor imagen posible

'Si les sale mal, las ocultan; y si pueden, las amañan', afirmó Torres. 'Están utilizando recursos públicos para beneficiar la imagen de la gestión del PP. Y esto tiene nombre en el Código Penal: se llama malversación de recursos públicos. Todo esto es un montaje fraudulento y, posiblemente, delictivo. Que las direcciones de unos ciudadanos, los panelistas, circulen de mano en mano, atenta contra el derecho a la privacidad y la protección de datos confidenciales. Vamos a enviar al fiscal lo que entendamos que es objeto de delito. Y, a bote pronto, nos parece que hay materia', añadió.

'Nos preguntábamos cómo era posible que los índices de calidad que nos daba el Gobierno de Correos fueran tan buenos, cuando las quejas se multiplicaban. Hemos hecho pruebas y sabemos que Correos es un desastre. Se ha deteriorado desde que gobierna el PP. Ahora comprobamos lo que sospechábamos: Correos conoce con antelación las mediciones y, mientras duran, dedica todos sus esfuerzos a que quienes están en el listado de panelistas reciban su correo con celeridad'.