Gases sin control

El crecimiento incontrolado de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, que han aumentado en un 28,9% en 2000 respecto a 1990, muestra una contradicción entre las declaraciones del Gobierno en defensa del Protocolo de Kioto y la ausencia de medidas para cumplir dicho acuerdo internacional, cuyo objetivo es hacer frente al cambio climático.

Para cumplir el protocolo, España tendrá que demostrar en su momento que sus emisiones no han crecido más de un 15% entre 1990 y el periodo 2008-2012 y, a mitad de camino, dichas emisiones ya han casi duplicado ese margen máximo. El Gobierno ni siquiera ha comunicado el nivel de emisiones del año 2000: el alarmante aumento del 28,9% ha sido calculado por dos organizaciones no gubernamentales que han utilizado los datos disponibles por sectores aplicando estrictamente la metodología internacional aprobada por Naciones Unidas. España, además, no ha concluido aún su comunicación nacional en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, una rigurosa autoevaluación obligatoria que debió presentar a finales de noviembre pasado.

A diferencia de otros países de la UE que han puesto en marcha programas que afectan a los diferentes sectores implicados para contener sus emisiones de gases de efecto invernadero, España no ha diseñado ni siquiera un plan. A finales de 1998, la entonces ministra Isabel Tocino presentó un borrador de Estrategia Nacional del Clima, que sería ese plan necesario para controlar las emisiones. De aquel borrador nadie se acuerda y el ministro actual no ha presentado ningún otro. El retraso sistemático es la característica principal de la política medioambiental del PP. Ayer mismo, el Tribunal Europeo de Luxemburgo condenó a España por retrasarse en la trasposición de la directiva sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, una norma que debería haberse convertido en ley antes de octubre de 1999 y que aún se encuentra en el Congreso.

Donde no podrá haber retraso, dado el compromiso contraído el lunes por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE, es en la ratificación del Protocolo de Kioto este mismo semestre. Las Cortes españolas deben abordarla de inmediato, pero no podrán basar su decisión en los planes trazados por el Gobierno para cumplir el compromiso, simplemente porque no existen.