Dos diputados del PSOE piden a su grupo un debate sobre los privilegios de los parlamentarios

Dos diputados regionales del PSOE plantaron cara ayer al resto de sus compañeros de grupo -39 parlamentarios- y mostraron su convencimiento de que hay que debatir públicamente los privilegios que los miembros de los parlamentos españoles -y, más concretamente, los de la Asamblea de Madrid- tienen en materia de salarios o jubilación. La decisión del PSOE, según han asegurado algunos de los asistentes a la reunión del grupo, fue férrea: ésos, dijeron, son privilegios que existen en todas las cámaras; quien no esté conforme 'que renuncie a la jubilación, al salario y al abono de transportes'.

En otros aspectos habrá discrepancias en el grupo socialista. Pero sólo hay dos grietas en lo que se refiere a las pensiones de jubilación -la Asamblea aprobó el año pasado dotarse de un fondo para garantizar la pensión máxima a cualquier ex diputado que haya ocupado un escaño en algún momento durante dos legislaturas- o a la práctica de no abonar la cuota obrera a la Seguridad Social -la Asamblea asume ese pago, que por ley corresponde al trabajador-. De los 39 miembros con los que cuenta el PSOE en la Cámara, sólo Antonio Carmona y Elena Vázquez han decidido plantear, 'por razones de conciencia', la conveniencia de abrir un debate ante los ciudadanos para explicar tanto el trato especial de los parlamentarios como las razones que aconsejan mantenerlo.

Según fuentes del grupo socialista, en la reunión de ayer Elena Vázquez -que declinó hacer declaraciones a este periódico, al igual que Carmona- planteó como una cuestión de principio sus escrúpulos morales a la hora de cobrar una pensión privilegiada. La diputada explicó, en medio de un 'espeso silencio', que, además, había tenido conocimiento de que se estaba abonando por ella la cuota obrera y que, en su opinión, había que intentar que los ciudadanos pudieran debatir los privilegios de sus señorías.

En línea similar, Antonio Carmona criticó que el sistema de pensiones para los diputados fuera establecido el pasado 18 de julio, cuando la actividad parlamentaria es casi inexistente, y sin haber hecho convenientemente público el acuerdo. Carmona pidió que el PSOE lleve al pleno de la Cámara su debate para que los ciudadanos puedan conocer el contenido del pacto.

Cierre de filas

La reacción de los demás miembros del grupo fue de cerrar filas frente a esta posibilidad, según las mismas fuentes. Sólo la diputada Mari Luz Martín Barrio hizo un gesto de acercamiento a los dos diputados disidentes e insinuó que, en todo caso, a ella le parecía un tema de partido y que el partido como tal debería explicar cuál era su postura. Recientemente, Trinidad Jiménez, miembro de la ejecutiva federal del PSOE y precandidata a la alcaldía de Madrid, como ella misma se definió, se pronunció en la cadena SER en torno a este asunto, mostrando su convencimiento de que el complemento de pensión establecido para los diputados es privilegiado respecto al resto de los ciudadanos. Esta misma postura la han tenido en privado algunas señorías de la Asamblea.

Otros diputados se encararon con sus compañeros para recriminarles que hablasen con los periodistas 'en rincones y barras de bar' y pidieron que se mantuviera el silencio sobre este tema. La conclusión del grupo fue, finalmente, la de insistir en que no es sólo un sistema de la Asamblea de Madrid, sino de todos los parlamentos, y decir a Carmona y Vázquez que, si no estaban conformes, podían renunciar 'a la jubilación, el abono de la cuota de la Seguridad Social y al abono de transportes' gratuito, del que también gozan sus señorías. Carmona y Vázquez no han desvelado aún si tomarán o no tal decisión.

La posibilidad de llevar al pleno de la Asamblea el complemento de pensiones aprobado el pasado 18 de julio fue rechazada porque, según expusieron los responsables del grupo, no existe legalmente forma de tratar en pleno este asunto. En cualquier caso, al menos que se sepa, ha sido el PSOE el único que ha tratado este tema en sus reuniones.

El acuerdo establece que aquellos parlamentarios que ejerzan durante dos legislaturas, no necesariamente completas, tendrán derecho a percibir, a cuenta de la Cámara, un complemento que les permita cobrar la pensión máxima de la Seguridad Social (unos 2.000 euros mensuales). Sólo 70.000 pensionistas, de los cuatro millones que cobran su pensión de la Seguridad Social, han logrado cumplir todos los requisitos exigidos para percibir esa máxima jubilación: haber cotizado durante al menos 35 años y, los últimos 15, haberlo hecho por la base reguladora máxima (unos 2.600 euros mensuales).

El otro punto polémico es el hecho de que sea la Asamblea la que paga cada mes la cuota obrera de los diputados, unos 120 euros mensuales que, según un decreto de 1981, corresponde abonar al trabajador, nunca a la empresa, privada o pública.