El Ayuntamiento malagueño quiere cobrar ahora 36.000 euros por el pabellón que cedió para la fiesta

El Ayuntamiento de Málaga, que cedió gratis y sin contrato el Palacio de los Deportes para la fiesta en la que murieron dos jóvenes de 19 y 20 años por consumo de éxtasis, puede ahora llegar a cobrar casi 36.000 euros a los organizadores sumando todas las tasas aplicables por el uso de las instalaciones.

El alcalde, Francisco de la Torre (PP), dijo que el pabellón se prestó gratuitamente porque por la solicitud y las llamadas recibidas de Canal Sur, el Ayuntamiento entendió que era una fiesta respaldada por el ente público. El concejal de Deportes, Javier Berlanga, precisó ayer que se remitirá una carta a los organizadores para que contesten si el evento fue organizado por una empresa privada o si fue preparado por Canal Sur. En el primer caso, emitirán la correspondiente factura.

Ayer se supo que pese a que en eventos musicales similares la seguridad se organiza con dos meses de antelación, esta vez la celebración fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno con apenas con tres días de antelación. Y lo hizo el Ayuntamiento, no la organización como es norma habitual. Generalmente, los organizadores mantienen reuniones con la policía y preparan el plan de emergencia con anticipación. 'Aquí no hubo nada', reconoció una fuente de la Subdelegación del Gobierno.

El Ayuntamiento informó a Subdelegación que el 27 de febrero, entre las 18.00 del sábado y las 7.30 del domingo, se desarrollaría la macrofiesta. La propia carta justifica esa comunicación en la duración del evento y en el público joven que congregará. 'Por si estos extremos fueran de especial atención por la Dirección General de Policía', añade el escrito.

La polémica por la fiesta no ha tardado en convertirse en motivo de disputa política. El portavoz del grupo socialista, Francisco Oliva, denunció que en esa carta se advirtió a la Subdelegación de las 'dificultades' que suponía el evento, aunque en el texto no figura esta palabra. En todo caso, Oliva consideró que la actuación del subdelegado, Carlos Rubio, fue 'negligente' porque 'no hizo nada'.

El PSOE solicitó la comparecencia de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, en el Congreso para que explique las circunstancias que han rodeado la muerte de los dos jóvenes. El PP, por su parte, pidió ayer el cese del director general de la Radio y Televisión Andaluza (RTVA), Rafael Camacho, por la vinculación de Canal Sur con este escándalo. El portavoz popular en la comisión de control de la RTVA, José Luis Sanz, acusó a Camacho de 'escurrir en bulto de sus responsabilidades' y reclamó la comparecencia en el Parlamento del consejero de la presidencia, Gaspar Zarrías. para que explique la implicación de Canal Sur.

Para el presidente del Partido Popular en Málaga, Joaquín Ramírez, si se tiene en cuenta que en la petición del pabellón el organizador, Daniel Moreno, citó dos veces a Canal Sur, y que luego hubo una mediación de un directivo, 'parece difícil no asociar al ente con la celebración de la fiesta'.