Avanzando paso a paso
Un nuevo 8 de marzo nos obliga a reflexionar sobre la situación de la mujer y reiterar que los avances son muy lentos, y las medidas impulsadas para conseguir la igualdad de trato escasos y con poco contenido. La población valenciana es de 2.073.216 mujeres, frente a 1.993.258 hombres (INE, padrón de 1999) y en España el 51,07% son mujeres y esto debería ser suficiente para que las medidas políticas fueran mayores y con contenidos serios, ya que la conciencia colectiva es mayor y la demanda de igualdad de trato y de derechos constante. La población ocupada española femenina sigue siendo muy baja, 5.628.600 mujeres; y en la dirección de empresas y de la Administración pública es todavía sólo de 374.000 (EPA del IV trimestre de 2001) frente a un total de 1.155.500 hombres, pese a que las mujeres con titulaciones medias y superiores son mayoría en muchas especialidades y cada promoción este hecho se repite, tienen menor fracaso escolar, y excelentes curriculums vites. La población ocupada por sectores apenas ofrece diferencias sustanciales con respecto al año anterior, si bien la tendencia a ocuparse las más cualificadas y consolidar el empleo se afianzan; no obstante, las diferencias salariales siguen siendo notables en todos los grupos, y el abanico se abre en las categorías más cualificadas. La discriminación por sectores es fácilmente constatable, dada la segregación horizontal y vertical, que no se ha modificado, lo que indica que las políticas de empleo para corregir desigualdades no son eficaces. El descenso del paro se explica porque las generaciones que se incorporan al mercado laboral son menores en número, debido al efecto del descenso de natalidad, y pese a ello, las mujeres siguen en desigualdad pese a su mayor cualificación.
Cabe destacar que todavía son muy escasas las iniciativas empresariales si las comparamos con el resto de la Comunidad Europea, en nuestro país. Sólo 538.100 mujeres frente a un total de 1.826.400 (EPA del IV trimestre de 2001); las estrategias diseñadas y los compromisos asumidos por España en esta materia, no han incentivado a la mujer emprendedora, tal y como se desprende de los resultados. Los recursos destinados son muy insuficientes comparados con otros países europeos, ya que no disminuyen la desigualdad y al no actuar sobre las diferencias y razones sociológicas, perfectamente conocidas y descritas. Las bolsas de pobreza, de la economía sumergida en la que las mujeres son mayoría, siguen igual. Es muy cuestionable la evaluación de los compromisos políticos, si los resultados no se ajustan a los objetivos.
La inmigración femenina cada vez más cuantiosa y los agrupamientos familiares han elevado el índice de natalidad, aunque la pirámide de población es muy estrecha, o dicho de otro modo, somos un país envejecido ya que la natalidad es insuficiente pese al aporte de los hijos de las mujeres inmigrantes que asciende ya al 30%. Este hecho que ha sido ampliamente analizado y argumentado, por las trabas con que se encuentra la mujer trabajadora en edad fértil, sigue sin corregirse. Cada vez son más las mujeres que atrasan la edad de parir, ante las dificultades que les depara el mercado laboral y la necesidad de trabajar y formarse, entre otras razones. No existen estructuras sociales adecuadas; las escuelas infantiles públicas y de calidad son escasas, las privadas son peores y muy caras, pese a la poca cualificación profesional, ya que no se exige en la mayoría la titulación de maestra especializada. El hombre sigue sin asumir la responsabilidad de compartir las tareas domésticas, el avance es casi irrelevante.
Un problema muy demandado desde hace años es la prevención del embarazo y la educación sexual, y que la red de sanidad pública asista las IVE (interrupción voluntaria del embarazo). En nuestra comunidad se han realizado 880 IVE de mujeres adolescentes, lo que indica claramente que este problema no se aborda correctamente, ya que los datos son parecidos a años anteriores. Las clínicas privadas que realizan las IVE siguen teniendo graves problemas, y algunos profesionales han sido de nuevo objeto de persecución. El fomentar la reproducción en edades adecuadas, favorece intervalos ínter genésicos óptimos y evita embarazos no deseados o en situaciones de riesgo; esto requiere una respuesta organizada de los servicios institucionales de salud pública y del sistema educativo.
El último documento sobre violencia contra la mujer, del programa de Mujer Salud y Desarrollo de la OPS/OMS destaca que la experiencia de la violencia en la mujer tiene consecuencias directas no sólo para su propio bienestar, sino también para el de sus propias familias y comunidades. Además de los huesos rotos, el maltrato puede tener consecuencias para la salud mental a largo plazo. La violencia que incluye agresión sexual también puede causar enfermedades de transmisión sexual y reproductiva. En el caso de la niña, las consecuencias de salud pueden perdurar en su vida adulta. Queda demostrado que las mujeres en edad reproductiva tienen el doble riesgo de aborto y un riesgo cuatro veces mayor de tener un hijo o hija con bajo peso. Los daños ocasionados en esta etapa son tan graves como el cáncer y podríamos agregar que su morbilidad es superior si tenemos en cuenta los accidentes y secuelas que se derivan. El sistema de atención de salud debería contemplar el detectar, contener, asesorar y derivar o tratar a las víctimas de la violencia familiar. Después del fracaso de los juzgados para la violencia doméstica estamos a la expectativa de lo que puede derivarse de las nuevas medidas jurídicas, y si los juicios en esta materia se realizan con celeridad, esto evitaría graves problemas y algunas muertes.
En el ámbito internacional tampoco se han producido grandes cambios, la pobreza es endémica para la mayoría de mujeres en los países en vías de desarrollo, los fondos que se están destinando son insuficientes. Y los acuerdos alcanzados con el respaldo internacional en la IV Conferencia Mundial de la Mujer para el desarrollo, la paz y la igualdad de trato por 164 países, no se han cumplido. Situaciones tan lamentables como la del atropello de sus derechos básicos continuamente incumplidos en muchos países donde las mujeres no tienen el derecho a la sanidad, la herencia o la independencia financiera, o a la salud. El dinero invertido en un conflicto bélico de 30 días sería suficiente para acabar con el hambre de todo el planeta por un año. Como ejemplo, basta con recordar el reciente conflicto bélico de Afganistán y los acuerdos alcanzados, que no han garantizado los derechos fundamentales básicos de las mujeres.
No obstante es importante destacar que la conciencia colectiva está mas sensibilizada y es menos tolerante que en épocas del pasado reciente, la toma de conciencia ante la mundialización del capital y los acuerdos de mercado internacional es creciente, pero fluye al margen de los gobiernos y las instituciones. Cada vez son más las mujeres que luchan por sus derechos y por condiciones dignas en todos los países, y se tejen redes solidarias de las personas concienciadas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato. La exigencia de respeto a los derechos humanos avanza, y son múltiples los programas de desarrollo de las ONG específicos para mujeres. Esto abre una puerta a la esperanza.
Neus Pont Cháfer es responsable de la Secretaría de la Dona de CC OO.
