Baza, como síntoma

La reciente decisión del alcalde de Baza de revocar el nombramiento del interventor interino ha saltado a la prensa regional como una 'crisis política' de este Ayuntamiento que enfrenta al alcalde y su grupo con toda la oposición, los sindicatos y la junta de personal. Más allá de la catarata de declaraciones de unos y otros -que como es norma en estos casos están trufadas de referencias políticas y familiares- lo que se observa desde la distancia es que el argumento del alcalde es tan fácilmente rebatible que causa cierto sonrojo ajeno: alega como motivo para cesar al interventor que quiere una persona con 'dedicación exclusiva', cuando el propio funcionario está de acuerdo con tener esa dedicación. Parece evidente que el verdadero motivo es que no quiere que siga desempeñando su trabajo.

Pero nadie que conozca medianamente el mundo local se puede extrañar de este deseo, pues si hay una constante que marque las relaciones entre los 'técnicos' y los 'políticos' en los Ayuntamientos durante los últimos veinte años es el enfrentamiento entre ellos, lo que ha llevado a que la mayoría de los alcaldes busquen fórmulas que permitan situar en la cúpula de la Administración local a personas de su confianza. A veces lo hacen con tino y elegancia, a veces de forma zafia y brutal como hizo Jesús Gil cuando le dio vacaciones forzosas al Secretario de Marbella nada más llegar a la alcaldía en 1991. El legislador ha colaborado todo lo que ha podido con los alcaldes en esa lucha: desde autorizar que los Ayuntamientos convoquen concursos para cubrir las plazas de habilitados de carácter nacional (lo que algunos han aprovechado para valorar los méritos más peregrinos con el fin de sacar al candidato previamente seleccionado) hasta despojar a los secretarios de parte de sus funciones, llegando al extremo de convertir a los Alcaldes en los jefes de personal de los Ayuntamientos. Desde 1994, se permite, incluso, que las corporaciones locales puedan proponer funcionarios interinos para ocupar los puestos de trabajo reservados a habilitados de carácter nacional 'por razón de necesidad o urgencia'. Como el actual interventor de Baza obtuvo por esta vía la plaza en 1996 con otro alcalde (que además era de otro partido), no es de extrañar que ahora el nuevo equipo de gobierno municipal quiera cambiarlo y buscar alguien más cercano. Como eso es lo habitual en la gran mayoría de los municipios, se entiende que el alcalde haya dicho, con cierto candor, que 'no es comprensible la importancia que la oposición ha dado a este asunto'.

Los partidos, que tanto se preocupan por el transfuguismo, la segunda descentralización y otros temas locales, no tienen entre sus preocupaciones más inmediatas resolver este tipo de conflictos. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, a la vista de la enorme proliferación de secretarios e interventores interinos y del nulo interés de muchos Ayuntamientos de acabar con esta situación provisional, autoriza al Ministerio de Administraciones Públicas a convocar este tipo de plazas que no convoquen voluntariamente los Ayuntamientos. Algo es algo, pero creo que lo suyo es que los partidos, ahora que quieren realizar un nuevo pacto local, afronten el problema de fondo, que no es otro que la distinta posición en la que se encuentran los técnicos y los políticos, lo que lleva a un enfrentamiento objetivo entre ellos debido a que, expresándolo en términos de Max Weber, unos representan la racionalidad administrativa, mientras que los otros, respaldados por la legitimidad popular, buscan la eficacia política.

En mi opinión, y simplificando, caben dos soluciones lógicas que son o legislar en favor de la independencia de los secretarios e interventores o hacerlo en favor de su libre nombramiento por parte del alcalde. Como me considero más técnico que político, prefiero de forma instintiva la primera opción; pero comprendo que la segunda también puede ser defendida: si un ministro o un consejero nombra libremente a su secretario general técnico y a los demás miembros de la cúpula administrativa de su departamento) por qué no va a poder hacer lo mismo un alcalde? La oposición, la opinión pública libre, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Defensor y los Tribunales son instrumentos más que suficientes para controlar su actividad, así que sobran los secretarios e interventores que, desde dentro, pongan trabas legales a la actuación municipal. Sin embargo, lo que no entiendo es la situación actual en la que formalmente y de cara a la galería se prefiere el modelo 'profesional' de técnicos municipales, mientras que en la práctica y en silencio se busca el modelo 'político'. Por fortuna, me consuela un aforismo de Georg Lichtenberg: 'No os quejéis demasiado de que la hipocresía os gobierne porque sin ella el mundo sería un infierno'.

Agustín Ruiz Robledo es profesor titular de Derecho Constitucional Universidad de Granada.