Felip Puig busca el apoyo de los empresarios para cambiar el trazado del AVE al aeropuerto

El consejero de Política Territorial, Felip Puig, mantuvo la pasada semana una reunión con representantes del llamado G-4 (Fomento del Trabajo, Cámara de Comercio, Círculo de Economía y RACC). En la misma lanzó la idea de una mesa de consenso sobre las infraestructuras necesarias en Cataluña y, también, la reconstrucción del consenso en posibles cambios en el trazado del AVE al aeropuerto.

La solución pactada hace ahora un año entre el presidente catalán, Jordi Pujol, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, tiene un grave inconveniente: el coste. Pujol habló entonces de unos 3.000 millones de pesetas (unos 18.000 euros), pero los estudios realizados señalan que difícilmente una obra así bajaría de 15.000 millones (90.000 euros).

El pacto incluía una cláusula según la cual la Generalitat asumía el pago para que la obra estuviera terminada antes de 2004, un asunto cada vez más complicado.

Para facilitarlo hay una solución, ya defendida en su día por los alcaldes metropolitanos: que la estación no se sitúe en la nueva terminal sino en la actual. Esto abarata costes, acorta plazos y abre la posibilidad de que el paso sea directo, además de ser la opción que reclamaban hace un año todas las fuerzas políticas y sociales catalanas. El cambio de Pujol arrastró al empresariado, nada deseoso de enfrentarse a las fuerzas políticas (PP y CiU) que asumen sus intereses. Ahora se trata de reconstruir el consenso catalán.

El ministro de Fomento dejó ayer claro, sin embargo, que no está por la labor. 'El trazado del AVE está abierto a cualquier ampliación, siempre que corra a cargo de quien la proponga', dijo, para añadir que cambiar ahora el pacto firmado hace un año con Pujol sería un 'tejer y destejer', algo que no debe hacerse jamás en materia de infraestructuras. 'Puede tener efectos propagandísticos, pero perjudica al ciudadano', añadió.

Álvarez-Cascos aseguró que las dudas respecto a la conexión del AVE con el aeropuerto supondría 'tirar por la borda no ya un año, sino mucho más, porque antes ya se había estado trabajando en el proyecto'. El consejero de Economía, Francesc Homs, aseguró que el Gobierno catalán asumirá el coste del proyecto, sea el que sea.