La juez estrecha el cerco a La Caixa y el HSBC

Ocho meses después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores interviniera Gescartera y descubriera un agujero de, al menos, 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de euros), y siete meses después de que la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, iniciara la investigación de una estafa que afecta a 1.383 clientes, el dinero no aparece ni da señales de vida.

El ministerio de Hacienda no ha sido capaz en todo este tiempo de aclarar la situación fiscal de los clientes que depositaron su dinero en Gescartera pero no justificaron su procedencia. El 29 de octubre pasado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró en el Congreso que su departamento había investigado a los 1.850 inversores que utilizaron los servicios de Gescartera y había encontrado 3.500 millones de pesetas (21 millones de euros) de 'deuda aproximada' con el fisco de 180 de los clientes de la agencia de Camacho.

La juez ha reclamado al HSBC información detallada de cuentas y créditos de Camacho

Falta investigar por qué se dejó prosperar un tinglado tan zafio como Gescartera

La búsqueda del dinero y de los culpables de su evaporación fue la primera tarea que se impusieron la juez Teresa Palacios y el teniente fiscal anticorrupción, Luis López Sanz. El dinero sigue sin aparecer mientras los responsables más directos del fiasco o están en la cárcel (como Antonio Camacho, que sostiene que el dinero se perdió en inversiones desafortunadas) o están sujetos a medidas cautelares (José María Ruiz de la Serna, número dos de Gescartera, que mantiene que el dinero puede estar en el extranjero).

La investigación judicial apunta ahora a los cooperadores necesarios para que, durante años, se perpetrara la estafa. Ésta última es la vía que más interesa a las acusaciones particulares, que defienden los intereses de los estafados por el conglomerado que montaron Antonio Camacho y sus socios.

Si al final del proceso judicial se declara culpable a un cooperador solvente tomará cuerpo la mejor fórmula para que sus clientes recuperen el dinero perdido: habrá uno o más responsables civiles subsidiarios con solvencia suficiente para llenar el agujero.

Las sospechas sobre posibles cooperadores apuntan en la última fase de la investigación judicial en dos direcciones de reconocida solvencia, ambas bancarias: el HSBC, banco que Camacho utilizó durante toda la vida de Gescartera, y La Caixa.

La juez Teresa Palacios ha reclamado esta semana a la filial del banco británico en España información precisa y detallada de las pólizas de crédito que Antonio Camacho mantenía con ellos, así como de las cuentas contra las que se giraban periódicamente los cargos de esos préstamos, y, por supuesto, de todas y cada una de las operaciones realizadas en unas y otras. La juez, además, va a llamar a declarar a cuatro empleados del HSBC que aparecen como apoderados para la gestión de la última de esas pólizas de crédito de Camacho, abierta en 1999 por importe de 750 millones de pesetas (4,5 millones de euros).

Las sospechas también apuntan ahora en dirección a La Caixa, la mayor caja de ahorros española, después de que el jueves la juez decidiera imputar a los dos directivos de su sucursal en Majadahonda, una localidad residencial al noroeste de Madrid. Miguel Prats y José Alfonso Castro Mayoral, director y subdirector de la sucursal, han sido imputados por los presuntos delitos de blanqueo de dinero y cooperación en la estafa o en la apropiación indebida que se perpetró en Gescartera.

La Caixa y el HSBC, según la investigación realizada en su día por el Banco de España y remitida a la Audiencia Nacional, y a la comisión parlamentaria de investigación de este escándalo financiero, no fueron las únicas entidades bancarias que operaban con la agencia de valores Gescartera a las que se ha descubierto que cometieron alguna 'anomalía'.

En aquel informe, el banco emisor criticaba que La Caixa y Bankinter emitieron certificados con inexactitudes, o que inducían a conclusiones erróneas. Deutsche Bank, otro de los bancos utilizados por Antonio Camacho, facilitó a Gescartera contratos para sus clientes con 'deficiencias y anomalías'. Y el HSBC certificó que la agencia de valores no tenía cuentas abiertas en entidades de su grupo fuera de España, cuando mantenía, 'al menos', dos en Londres; una 'anomalía' que se suma el controvertido asunto de las 138 cuentas opacas que la filial del banco británico tenía abiertas en Madrid.

Las dos cuentas en Londres están abiertas a nombre de Stock Selection, una de las sociedades sin actividad con las que Gescartera intentaba probar determinadas inversiones en paraísos fiscales. Las dos, además, están relacionadas con la filial suiza del HSBC (el HRBC), que es, precisamente, el titular aparente de las 138 cuentas opacas que el banco británico tenía en Madrid. Un círculo bien cerrado en el que la investigación judicial intenta encontrar alguna entrada.

No es menos enrevesada la pista que engarza certificados ciertos, pero anómalos, y falsos, unas veces bien y otras burdamente falsificados, que Gescartera entregó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el sello de La Caixa.

La entidad financiera se defiende argumentando que sus dos certificados ciertos pero anómalos no prueban nada, confirma que los otros certificados eran falsos, y recuerda que la CNMV no les llamó hasta el 14 de junio de este año para hacer la más mínima comprobación. Y en esa fecha le dejaron meridianamente claro que estaba ante un intento de engaño.

El Banco de España, en su informe, no lo vio tan claro. Y la juez Palacios, al optar por la imputación de Prats y Castro, parece alinearse con esa descreída apreciación. El primero de esos dos certificados ciertos decía que La Caixa, 'con fecha de 4 de noviembre de 1999' había recibido para su cobro tres cheques que 'sumaban 3.949 millones de pesetas' (27,73 millones de euros).

La entidad obviaba el dato de que tenía instrucciones de no intentar cobrar esos cheques, emitidos por HARI 2000, la empresa de Julio Rodríguez Gil, encarcelado por la estafa hasta el pasado viernes, cuando abonó la fianza. La Caixa no tenía por qué saber, además, que esos cheques eran sin fondos. De hecho, nunca intentó cobrarlos. El segundo certificado anómalo era un desglose de clientes de una presunta cuenta: 'Clientes, liquidación internacional'. Esos clientes eran absolutamente ficticios, pues la cuenta de marras nunca tuvo 'saldo ni movimiento alguno'. Prats reconoció ante la policía que elaboró ese equívoco desglose porque se lo pidió Camacho en otoño de 2000. Éste lo necesitaba para quitarse de encima a la CNMV.

Comprobación

El entonces director de Supervisión de la CNMV, Antonio Botella, no hizo en noviembre de 1999 la más mínima comprobación cuando recibió estos certificados pues creyó haber encontrado los 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) que su antecesor, David Vives, había buscado sin éxito posible.

El último certificado que llegó a la CNMV para intentar tapar el fiasco procedía también de La Caixa. Ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando Gescartera entregó a la CNMV un certificado falso, según la propia caja de ahorros, con un saldo de clientes de 4.342 millones de pesetas (26,1 millones deeuros). La CNMV, aparentemente, lo dio por bueno, pero el 14 de junio, después de que Cajamadrid le comunicara que había descubierto que Gescartera intentó falsificar un tampón de una de sus oficinas, la Comisión de Valores llamó a La Caixa y ésta le dijo que el certificado era falso.

Un problema adicional para La Caixa es que el presunto falsificador del tampón de Cajamadrid, José Ignacio Casanova Machimbarrena, es amigo y socio del director de su sucursal en Majadahonda, Miguel Prats. Ambos participan en la empresa CG Comercialización, que montaron Camacho y Casanova en 1997. Casanova aún no ha sido llamado a declarar en la Audiencia Nacional.

La instrucción judicial mantiene a 14 personas imputadas de las que sólo cuatro están sujetas a medidas cautelares.

Una de ellas, la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, agotó el miércoles el último de los 161 días que ha pasado en la prisión madrileña de Soto del Real. La juez resolvió su excarcelación al entender que no había participado directamente en la salida de los fondos ni podía destruir pruebas.

Los primeros siete meses de la investigación judicial se han centrado en la búsqueda del dinero desaparecido y deja para más adelante la investigación de cómo fue posible que un tinglado tan zafio como el de Gescartera no fuera desmantelado a tiempo por el organismo que estaba encargado de supervisarlo: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no sólo pareció no percatarse de nada sino que llegó a premiar su funcionamiento con un ascenso de categoría en los mercados de valores. Esos fallos, a juicio de las acusaciones particulares, también podrían coadyuvar a la responsabilidad subsidiaria del Estado en la estafa multimillonaria.

Otro potencial corresponsable que niega la más mínima participación y se considera una víctima más de la estafa es el presunto dueño del 10% de Gescartera: La Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Un acta notarial firmada por Pilar Giménez-Reyna y José Antonio García de la Chica ante el notario José Aristónico de Juan da fe de que la ONCE es 'titular de 1.000 acciones numeradas correlativamente de las 9.001 a la 10.000, representativas del 10% del capital social' de Gescartera. Pero la ONCE ha negado sistemáticamente que llegara a tener una sola acción de Gescartera.

'No existen títulos de propiedad que acrediten esa participación del 10% de la Fundación ONCE en Gescartera, porque se articuló como una donación y esa donación no se perfeccionó. Por tanto, no existe negocio jurídico', aseguró en el Parlamento el ex vicepresidente segundo de la ONCE, Rafael de Lorenzo. Pese a ello, el ya ex director de la Fundación, José Manuel Pichel, aceptó el cargo de consejero delegado de Gescartera. Ahora está imputado en el caso.

Plusvalías y minusvalías

Antes que buscar estas hipotéticas responsabilidades, la juez ha decidido investigar la única operación bursátil que, efectivamente, realizó Gescartera en sus últimos años de funcionamiento: la operativa intradía para aplicar a unos clientes las minusvalías y a otros las plusvalías que lograba.

Estas operaciones tenían un objetivo aparentemente fiscal: rebajar la cuota ante Hacienda de los que se apuntaban unas minusvalías por las que luego, misteriosamente, cobraban.

Entre los beneficiados por esta curiosa práctica financiero-fiscal figura el marido de Pilar Giménez-Reyna, Ángel Malpartida. El fiscal se opuso a la excarcelación de Pilar precisamente por su ventajosa participación en ese juego de minusvalías rentables, pero la juez estimó que esa cuestión no es motivo suficiente para mantener la prisión sin fianza.