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El Ayuntamiento jiennense endurece las sanciones contra los ruidos en la zona de la movida

Ginés Donaire

El Ayuntamiento de Jaén ha endurecido en el último año las sanciones contra los titulares de motocicletas y ciclomotores que incumplen la ordenanza municipal de ruidos. Buena parte de las 165 intervenciones realizadas por la Policía Local en 2001 se han localizado en la zona de la movida, epicentro de más de un centenar de inmovilizaciones de ciclomotores por conducción temeraria o por exceso de ruidos.

Un año después de que entrara en vigor la nueva normativa municipal sobre contaminación acústica, el concejal de Tráfico y Policía Local, Manuel Peragón, considera que se ha logrado reducir la incidencia de los ruidos en la ciudad, especialmente en la zona de la movida. Aunque Peragón es consciente de que 'la movida del botellón no es un problema policial', sí que defiende la actuación de la Policía Local para 'garantizar el derecho al descanso del resto de vecinos'.

La controvertida ordenanza sobre ruidos que el PP aprobó afecta sobre todo a los 10.000 ciclomotores y motocicletas censados en la capital jiennense. La normativa elaborada establecía tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Entre estas últimas, que estarán expuestas a multas de hasta 25 millones de pesetas, figuran la circulación de vehículos de motor y ciclomotores con el tubo de escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador o que éste no sea homologada o expulse los gases a través de los tubos resonadores, así como superar en más de seis decibelios los niveles acústicos tolerables (el tope máximo se fija en 78 decibelios).

En esta línea, la Policía Local ha llevado a cabo en el último año 165 intervenciones, de las que 83 han sido inmovilizaciones de ciclomotores y 24 detenciones de conductores por hurto, atentado y conducción temeraria. El resto de las actuaciones estaban relacionadas con falsedad de placas de matrículas, incendios de ciclomotores y recuperación de ciclomotores sustraídos.

En el caso de las motocicletas que rebasen el nivel sonoro permitido, no sólo se inmovilizan sino que se trasladan por la grúa municipal a las dependencias municipales donde permanecen hasta que su titular acredite que ha solucionado el problema. Además, deberá hacer frente a la sanción de tráfico -de 900 euros- y a la tasa de la grúa, algo que hasta entonces tampoco sucedía.

La ordenanza contempla como infracciones administrativas graves superar en más de tres decibelios los niveles de emisión sonora, el incumplimiento de las condiciones de aislamiento acústico o vibratorio en pubs y discotecas o la manipulación de los aparatos limitadores de sonido. Por último, como infracciones leves se sancionan los excesos de ruido de los vecinos, trascender al exterior el volumen acústico de los equipos musicales de los vehículos, dejar abiertas las puertas de los locales musicales para captar clientes o permitir que perros u otros animales perturben el descanso de los vecinos entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana.

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